La sanción es la máxima permitida por la legislación actual, señala Patrón Laviada. A más tardar en dos meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impondrá una multa a Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de hidrocarburos producto del accidente en la plataforma Usumacinta, en Campeche, ocurrido en octubre del año pasado.

A pesar de que la paraestatal derramó 2 millones 500 mil litros de petróleo al mar, la Profepa no podrá multar a la empresa con más de 2 millones 800 mil pesos, monto límite que la legislación nacional permite por daño ambiental, lo que supone un peso con 12 centavos por litro de crudo vertido al mar. El titular de esta dependencia, Patricio Patrón Laviada, reconoció en conferencia de prensa que existen casos de daños al medio ambiente en donde se requeriría ampliar los límites de las sanciones aprobados por el Congreso, y así poder aplicar castigos más severos.

En este tema, agregó que todavía está pendiente el estudio sobre impacto ambiental que realiza la empresa privada Batelle, contratada por la paraestatal, en la zona afectada, por lo que calculó, que será hasta por lo menos dentro de dos años cuando se conozcan, de manera definitiva, los resultados del análisis.

“El daño inmediato se vio; fueron 422 barriles diarios de petróleo, que hacen un total de 16 mil 500 barriles, que representan 2 millones 500 mil litros derramados, y el total de gas fugado fue de 19.6 millones de pies cúbicos. Ahora lo más importante, ambientalmente, vendrá con los resultados del estudio, que será a largo plazo, en dos o tres años”.

“No hay trasfondo político”

Ante la insistencia de los representantes de los medios en torno a que si el motivo de la demora del diagnóstico responde a una causa política, debido a que se produce en medio de un debate nacional sobre la reforma energética, el funcionario negó tal consideración y afirmó que “las discusiones que nosotros tenemos con Pemex no se basan en las causas del accidente, eso le corresponde a otras autoridades; nuestras discusiones son técnicas y de tipo ambiental, por lo tanto no tenemos nada que ocultar al respecto”.

Subrayó que el hecho de que Pemex haya sido quien encargó el diagnóstico a la empresa Batelle no es un impedimento para que se obtengan resultados confiables y certeros. Explicó que la Profepa no tiene capacidad para este tipo de encargos y si bien antes podía contratar estos servicios, hoy su competencia es obligar a la empresa causante del daño ambiental que los realice y los financie.

Fuente: Diario Jornada

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