El Pleno del Parlamento Europeo (PE) confirmó un acuerdo alcanzado con los países de la UE para introducir sistemas de captura y reciclado de gases contaminantes en las estaciones de servicio europeas.

Los vapores de petróleo que escapan a la atmósfera cuando los vehículos repostan en las gasolineras son nocivos para el medio ambiente y la salud humana y pueden llegar a causar cáncer, como en el caso del benceno, recordó la Eurocámara en un comunicado.

La medida afectará, a partir del 1 de enero de 2012, a todos los dispensadores nuevos o reformados tras la fecha que suministren más de 500 metros cúbicos de combustible al año. Todas las gasolineras situadas al pie de edificios de viviendas, cuyo suministro supere los 100 metros cúbicos anuales, estarán también obligadas a introducir esta tecnología.

Las estaciones mayores, que distribuyan más de 3.000 metros cúbicos al año, tendrán que haber adaptado sus dispensadores, a más tardar en 2018, dos años antes de lo que la Comisión Europea (CE) había propuesto. Las estaciones de servicio etiquetarán los surtidores y se encargarán de informar a sus clientes para asegurarse del uso correcto del dispositivo.

Según el informe aprobado por 598 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, los Veintisiete tendrán también que establecer sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias". El Ejecutivo comunitario se mostró satisfecho con el acuerdo entre el Consejo y Parlamento Europeo y destacó que mejorará la protección de los ciudadanos.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, señaló en un comunicado que la medida contribuirá a alcanzar los niveles de calidad del aire a los que se ha comprometido la UE para 2010, pues extenderá la implantación de estos sistemas (ya existentes en casi la mitad de los Estados miembros) a toda la Unión.

De acuerdo con datos facilitados por la CE, la polución aérea causa la muerte prematura de casi 370.000 ciudadanos cada año y reduce la esperanza de vida media en nueve meses. Tras el voto de la Eurocámara, el Consejo adoptará formalmente la directiva, que tendrá que ser reflejada a continuación en las legislaciones nacionales.

Bruselas revisará la aplicación de esta normativa a finales de 2014.