Según trascendió, desde la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia se les notificó a las operadoras que de ahora en más habrá máximo rigor en los controles y que se sancionará con multas de hasta 100.000 pesos los derrames que contaminen suelos y/o cursos de agua.

Para el gobierno neuquino, el 80% de las instalaciones hidrocarburíferas están en buenas u óptimas condiciones. En cambio, hay un 20% que debería haberse reemplazado por viejo o porque las características de la locación presentan condiciones de riesgo por los lugares en que se encuentran ubicadas.

Los riesgos no son sólo los posibles derrames de combustibles sino sobre todo el agua de producción o de purga que se desecha en la industria. La notificación de que pueden perder la licencia ambiental (que en un extremo implica paralizar la operación de un yacimiento) les llegó ayer a las once concesionarias que trabajan en la provincia. "Se han renovado las concesiones y hay buenas perspectivas para la industria en general. No se pueden tolerar instalaciones deficientes como las que nos hemos encontrado en yacimientos maduros", admitió ayer a "Río Negro" una fuente de gobierno. La renegociación de los contratos petroleros, razonan en la provincia, les ha dado a las empresas una previsibilidad que venían reclamando: ahora no tienen excusas para no invertir en la reparación y/o mejora de las instalaciones.

La semana pasada, dos derrames -uno en Loma de la Lata y otro en Añelo- fueron noticia en los medios de prensa. Según una fuente consultada por este diario, en ambos casos se trató de daños que se podrían haber evitado si existiese un control efectivo de las compañías en todas sus instalaciones. Por eso, la subsecretaría de Medio Ambiente ha instruido a una decena de inspectores para que recorran sobre todo las locaciones de Chihuido de la Sierra Negra, Lomitas y Lomita Sur. En la cartera ambiental tienen el respaldo del Ejecutivo que les ha prometido dotarla de nuevos vehículos pues, en muchos casos, las inspecciones tienen que hacerse en lugares de acceso complicado. Con todo, la provincia no hace otra cosa que hacer cumplir la ley 1875 que le da poder de policía a la subsecretaría y que establece las responsabilidades que le caben a las operadoras. "No es que haya empresas que hacen todo mal, pero sí hay casos en los cuales trabajan muy bien en determinadas operaciones y mal en otras", significó una fuente.

Fuente: Diario Río Negro

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