Con cánticos de "contaminación no es solución", y carteles donde pedían el veto de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en enero, los manifestantes se reunieron frente a las oficinas del gobernador de Illinois, Pat Quinn, en el centro de la ciudad. La concurrencia se vio reducida por el frío y la llovizna, pero aun así los manifestantes, encabezados por un grupo de niños, entregaron cientos de postales donde se le pide a Quinn que vete la denominada "Ley Leucadia". "Es imperativo que Illinois abandone el uso del carbón y se encamine hacia el uso de energía eficiente y limpia", dijo Peggy Salazar, de la Organización Ambiental del Suroeste.

"Los habitantes de Chicago merecen respirar un aire limpio y no queremos más hollín en los pulmones de nuestros niños", agregó Brian Urbaszewski, director de programas ambientales de la Asociación Metropolitana de Chicago para la Salud Respiratoria. La planta que autorizaría la ley a un costo de 3.000 millones de dólares, se ubicaría en un predio de las calles 116 y Burley donde hasta el 2001 funcionó la empresa LTV Corp. que elaboraba coque para la industria siderúrgica. Como materia prima se utilizaría en el proceso llamado gasificación 1,5 millón de toneladas anuales de carbón, así como coque de petróleo que es un residuo del refinado de arenas bituminosas. La empresa encargada de la planta, Leucadia National Corp. con sede en el estado de Nueva York, sostiene que la planta permitiría el uso seguro del carbón de Illinois que tiene un alto contenido de sulfuro, con un mínimo de contaminación.

"Será una de las instalaciones más limpias del país, sujeta por ley a los protocolos ambientales más exigentes", informó en un comunicado. Sin embargo, los ambientalistas sostienen que la conversión de carbón en gas es una operación sucia y cara, que puede duplicar además el costo de la calefacción de los hogares. "Es una amenaza a la vida de nuestros niños", dijo el líder comunitario Robert García. "En todas las escuelas del área nuestros hijos ya están expuestos a la contaminación provocada por plantas que no cumplen con los estándares exigidos por ley y no necesitamos aumentar los riesgos", agregó. "A pesar de las promesas de empleo y desarrollo en el área, esto no es una bendición sino una maldición", afirmó por su parte Rich Martínez, de la Iglesia Unida Metodista.

En una carta enviada al gobernador, la organización Sierra Club sostiene que la planta contribuirá al calentamiento global, producirá niveles peligrosos de contaminación local y aumentará el costo del gas para familias y pequeños comercios. Agrega que la contaminación producida por este tipo de plantas está asociada con serios problemas de salud que ya sufren barrios hispanos del área cercana, como La Villita, Las Empacadoras y Pilsen. En la ley se incluye además un contrato que obligaría a las tres distribuidoras de gas natural existentes en Illinois a comprar a la nueva planta 40 millones de pies cúbicos de gas por año. El Sierra Club considera que es insensato obligar a las familias de Illinois a cargar con la financiación de energía sucia cuando hay disponibles alternativas limpias como la solar y eólica, que han creado más de 10.000 puestos de trabajo en el estado.

Otro de los puntos polémicos de la ley tiene que ver con la posibilidad de que los dueños de LTV Corp. puedan vender a Leucadia, además del terreno, los permisos de contaminación que tenía la planta clausurada. Por ley y debido a los altos niveles de contaminación existentes en el condado de Cook, donde se asienta Chicago, antes de poder agregar más contaminantes al aire la nueva empresa tiene que probar que un contaminador existente ha reducido sus emisiones. Esos permisos o créditos de contaminación pueden ser transferidos, con aprobación de la junta estatal que controla la contaminación. El gobernador se encontraba hoy en Springfield, la capital, y no hubo respuesta inmediata de su oficina al reclamo de los manifestantes.

Fuente: EFE

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