Una semana atrás, casi 600 efectivos militares destruyeron con explosivos 67 maquinarias que eran utilizadas por mineros ilegales para la explotación de oro en la zona de Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte del país, cerca de la frontera con Colombia. La acción se produjo amparada en una orden judicial. Rafael Correa formuló su advertencia en Guayaquil, 270 kilómetros suroeste de Quito, en la inauguración de un proyecto habitacional. "Si sigue la minería ilegal, aplicaremos el control, la firmeza, con toda la legalidad (...) actuaremos donde sea y destruiremos la maquinaria, porque primero destruiremos la maquinaria de los mineros, antes que permitir que esa minería ilegal siga destruyendo nuestros ríos, nuestra selvas, nuestra gente".

Por su parte, la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, declaró a la red de televisión Ecuavisa: "es un mensaje muy claro: no vamos a tener tolerancia hacia la minería ilegal, una vez que venzan los plazos (tres meses)" para su legalización. Fue una referencia a los mineros informales cerca de las poblaciones de Zaruma y Portovelo, 400 kilómetros al suroeste de la capital. Para ese grupo de mineros, que trabajan a las orillas de los ríos Amarillo y Galeras, el Gobierno planteó que se legalicen y se sumen a la propuesta de crear un parque industrial en el cual serán procesadas 11 millones de toneladas de residuos de la minería. Unas 50 mil personas residen en Portovelo y Zaruma, un 90% de las cuales tiene actividades directa o indirectamente relacionadas con la minería, de acuerdo con cifras que maneja el Gobierno. No se ha informado el número de mineros informales.

Fuente: Infobae

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