Esta es la conclusión de un informe que será presentado por una serie de organismos multinacionales en el que se sugieren formas de reducir la volatilidad en los precios globales de los alimentos. El informe fue preparado por 10 organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, y será entregado este mes a los ministros de Agricultura del Grupo de los 20 (G-20), que encargó el estudio. Muchos de estos organismos han expresado preocupación anteriormente por las consecuencias del efecto que tienen los biocombustibles sobre los cultivos, pero este informe sobresale por el peso institucional de sus autores y lo contundente de su tono.

En él se declara que los gobiernos de los países del G-20 deberían eliminar de sus actuales políticas nacionales las disposiciones que subsidia (o mandate) la producción o el consumo de biocombustibles. En el caso de que estos subsidios no se puedan eliminar directamente, los gobiernos deberían, al menos, desarrollar planes de contingencia para suspenderlos temporariamente en las épocas en que los precios de los alimentos están altos y la oferta es escasa. Estas recomendaciones confirman que crece la reacción en contra de los biocombustibles, que en otras épocas eran considerados como una salvación por las economías excesivamente dependiente de los combustibles derivados de fósiles. Sin embargo, ahora es cada vez más frecuente que se los responsabilice de impulsar al alza los precios de los alimentos, ya que desvían del mercado de la alimentación a productos agrícolas como el maíz y la caña de azúcar. Según el informe, los biocombustibles consumieron, en promedio, 20% de la cosecha de caña de azúcar entre los años 2007 y 2009, y 9% de las oleaginosas. No es sorprendente que los precios mundiales de estos productos (y sus sustitutos) estén sustancialmente más altos, señala el informe.

Fuente: EFE

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