De no hacerlo, el Gobierno analizaría por estas horas, entre las alternativas, la posibilidad de declarar de Utilidad Pública a la empresa y retomar el control de la misma a partir de una compra hostil de acciones. La relación con la YPF actual está en un final abierto. La férrea decisión del Gobierno nacional de frenar el drenaje de divisas por la importación de combustible lo lleva, por estas horas, a analizar diversas alternativas que se plantean en torno a la principal operadora que tiene el país: YPF. Las decisiones de Santa Cruz y Chubut, y las que se espera puedan anunciar en las próximas horas Mendoza y Neuquén, estarían en principio orientadas, más que “declararle la guerra a YPF”, a lograr que la empresa se dé por enterada, tome el mensaje y actúe en consecuencia, retomando el nivel de inversiones que comprometió en el pasado. 

Esto, que podría verse como un retroceso en el embate encarado hacia la empresa, tiene su corolario en la realidad más estricta. La manera más rápida de recuperar producción y capacidad de refino es que los actuales concesionarios inviertan de forma inmediata en los yacimientos y refinerías. Toda otra acción, como la intervención o la caducidad de áreas, demanda tiempo y podría provocar lo contrario a lo pretendido, una paralización de las operaciones hasta tanto se resuelva, por la vía judicial, la apelación que la operadora ya dijo estar dispuesta a realizar. Ayer algunos medios nacionales dieron por hecho que la empresa YPF volvería a manos estatales antes que llegue el invierno. 

Un artículo escrito por el periodista Horacio Verbitsky, de llegada al círculo íntimo de la presidenta, asegura que ya es una “decisión (del Gobierno) tomar el control de la mayor empresa petrolera del país, YPF”. Asegura el periodista que “antes de que comiencen los fríos del invierno, el gobierno nacional planea asumir el control de YPF. La expresión es imprecisa, porque está menos definido el procedimiento que la meta: obturar una gigantesca hemorragia de recursos que se van en el pago de una creciente factura energética, como consecuencia de un movimiento de pinzas”. 

No es menor, indica el artículo publicado en la edición de ayer de Página 12, que el precio del barril de crudo siga en franco ascenso, rozando esta semana los 125 dólares, mientras que en el país, la caída de las reservas, la inversión en exploración y la propia producción de petróleo y gas son también una realidad, y asegura que esto ocurre “como consecuencia de decisiones deliberadas de YPF dirigidas a maximizar ganancias y obligar al Estado nacional a modificar su política de precios”. 

Destaca que la Argentina puede actuar en forma concreta sobre la desinversión, “ya que tiene en su territorio el petróleo y el gas imprescindibles para sustentar el crecimiento económico y la inclusión social”. Recuerda que la YPF privatizada a fines del siglo pasado exacerbó la exportación de hidrocarburos ya explorados por la YPF estatal, “sin reponer ni siquiera uno de cada cinco barriles extraídos”. Esta decisión fue lo que permitió monetizar reservas, que la compañía de accionistas españoles utilizó para invertir en otros países de Norte y Sudamérica y en el norte de Africa, asegura el artículo.

 

Y LA SOLUCIÓN ES…

Hasta 2007, YPF distribuyó un promedio anual de mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas. Desde entonces se acerca a duplicar esa suma, con la particularidad de que la empresa paga dividendos superiores a su utilidad neta. Pese a la contención de precios que le impone el Estado nacional, YPF y sus sociedades controladas han tenido en estos años ganancias anuales importantes, que se acercan al 20 por ciento sobre sus activos (RAE) y superan el 40 por ciento sobre su patrimonio neto (ROE). 

En el mismo lapso, ha contraído deudas que se aproximan a los 4.000 millones de dólares. “Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el método del vaciamiento”. Hoy no habría aún una propuesta definitiva para atacar este problema. El Gobierno nacional estaría debatiendo varias alternativas, aunque es consciente que la alternativa más rápida para frenar el drenaje de divisas por la importación de combustible es un rápido crecimiento de la producción, algo que se haría si, simplemente, YPF realizara las inversiones que no hizo hasta ahora.

De no hacerlo, habría otros interesados en asumir la responsabilidad, pero ese camino es más largo y dificultoso. La tercera alternativa sería la “intervención” directa a la operadora y que el Estado se haga cargo de su funcionamiento. Pero eso abre una puerta directa a la batalla judicial, la misma que hoy, en el caso de Aerolíneas, aún está en pleno proceso. Paradójicamente, después de la decisión de Santa Cruz y Chubut de caducarle áreas, la acción de YPF subió de precio. Esto fue porque el mercado consideró que, en realidad, la decisión no tocó el corazón de la empresa y el temor retrocedió un tanto. 

Verbistky deja entrever una posible solución al asegurar que “el discurso de la nacionalización suena muy bien, pero esconde grandes riesgos, como acaba de advertir Hugo Moyano. El barril de petróleo es mucho más caro que en el momento de la privatización, pero las reservas son mucho menores. Tal vez si el Congreso declarara la utilidad pública de YPF, la merma en su capitalización la pondría más al alcance de una toma hostil en el mercado” y aclara que “como se ve, las alternativas son varias. Más difícil parece modificar el plazo. El autoabastecimiento a precios locales no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia”, concluyó.