Este énfasis responde al reclamo que el martes realizaron en la sede del ADU un grupo de ambientalistas, quienes aseguraron que al no estar reglamentada la normativa existe la posibilidad que lo que hoy son 13 denuncios mineros por explotación de oro mañana puedan convertirse en explotaciones. Pero en el Gobierno refutaron estas aseveraciones al señalar que la legislación está en vigencia en todos sus puntos. El Diario de la República entrevistó al ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte, Walter Padula, para conocer más detalles de la respuesta oficial y cuál es la visión general que se tiene sobre este sector económico.

-Los ambientalistas reclamaron que la ley del 2008, al no estar reglamentada, implicaba que directamente no estaba en vigencia. ¿Por qué cree que defendieron esta postura?
-Hay infinidad de leyes que no requieren reglamentación y muchas entran en vigencia por el sólo hecho de ser publicadas. Existen otras que necesitan de un decreto reglamentario, sobre todo para aclarar detalles que hacen a la aplicación de la normativa como son las cuestiones vinculadas a los procedimientos, tiempos de implementación, o formularios. La ley del 2008 que prohíbe la minería contaminante en la provincia es muy clara en su artículo primero, en donde determina que se prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, mercurio, bromuro de sodio, y otros compuestos. En este artículo no se puede interpretar otra cosa de la que ahí se establece. En San Luis está prohibido el uso de las sustancias tóxicas, pero no la actividad minera.

-¿Considera que los ambientalistas estaban desinformados al hacer esta presentación en la que se habla de proyectos de explotación de oro en carpeta en la provincia?
-Al Gobierno de San Luis le parece bárbaro que los ambientalistas cuiden el medio ambiente, y ojalá todos lo cuidáramos en todos los ámbitos; en la casa, en la escuela y en el trabajo. Jamás nos vamos a oponer a la defensa de la naturaleza y valoramos que existan asociaciones ambientalistas con las que incluso podemos llegar a trabajar en conjunto. Pero en este caso la interpretación que ellos tienen de que la ley no está vigente es incorrecta. La ley está en aplicación.

-¿Por qué si la ley está en vigencia la Dirección Provincial de Minería aceptó el registro de los denuncios mineros?
-La provincia está obligada a recibir los denuncios. No sé si será el mejor ejemplo, pero esto es igual a cuando una persona va a la policía y hace una denuncia que el oficial deberá tomar más allá de que sea verdad o mentira. Hay que recordar que el Código de Minería tiene tanta importancia como el Código Penal. Son normativas nacionales. Los ambientalistas hacen una interpretación equivocada si piensan que se podría prohibir la recepción de los denuncios mineros a través de la reglamentación de esta ley, ya que aún con la normativa reglamentada no se puede ir por encima de una legislación de mayor jerarquía como es el Código de Minería. Además el hecho de recibir un denuncio no significa otorgar la habilitación para explotar la mina, sino que este paso puede ser considerado más bien como un título.

A partir de ahí se realiza todo un procedimiento en donde un escribano de minas verifica la parte catastral y se constata la georeferenciación de la mina. El denuncio luego se publica en el boletín oficial para que este hecho se conozca; y si alguien aduce un derecho sobre esa mina podrá eventualmente hacer la impugnación. Si quiere hacer cateo, exploración y prospección, y explotación hay que presentar un informe de impacto al ministerio de Medio Ambiente del Ejecutivo puntano, que es la autoridad de aplicación. El tema es que en relación a las explotaciones auríferas la metodología actual indica que no hay forma de encarar la producción sin utilizar productos tóxicos, y como la ley de la provincia prohíbe el uso de estas sustancias eso quiere decir que directamente no se puede extraer oro. La única excepción se podría dar si se encuentra un método que pueda obtener este metal sin usar compuestos tóxicos.

-¿Cuál es la postura que tiene el Gobierno de San Luis en relación a la actividad minera en general? ¿Qué orientación quiere darle la provincia a este sector económico?
-Si no existiera la extracción de los recursos minerales habría muchísimas cosas que utilizamos en nuestra vida diaria de las que estaríamos privados. La actividad minera es motor de desarrollo de naciones muy importantes como Australia o Noruega, y también de algunos países africanos que tienen en la minería la principal fuente de riqueza y de generación de trabajo. En San Luis debemos recordar que tenemos muy buenos recursos mineros en lo que son rocas de aplicación, que se emplean en la construcción y la industria, como cuarzo, feldespato, mica, caolín, y también en rocas ornamentales, como por ejemplo en la piedra laja y el ónix. En los departamentos San Martín y Pringles la actividad minera es muy importante y da trabajo a más de mil personas. Hay cientos de yacimientos de rocas de aplicación y ornamentales en la provincia.

Es cierto que este tipo de minería también tiene su impacto. Sacar la roca de una montaña implica que con el tiempo se pierde un poco de su relieve, y eso puede generar malestar en ciertas personas por el efecto paisajístico que produce. Lamentablemente no es que uno saca una roca y a la semana vuelve a nacer, son recursos no renovables. El impacto igualmente se puede remediar para que el paisaje quede estético. Esto es similar a lo que pasa con la agricultura, en donde tenés que desmontar y sacar los árboles nativos de los campos para sembrar, ya que si no se siembra no tenemos alimentos. Por eso en todos estos temas hay que encontrar un equilibro entre el progreso y el medioambiente.

-¿Cree que actualmente existen en la Argentina posturas muy radicalizadas en contra de la actividad minera?
-Sí, lamentablemente es así. Esta actitud hace que la provincia, que practica una minería no contaminante, quede un poco teñida de sospecha. Hoy la actividad minera parece una mala palabra, y eso por ahí es una consecuencia de la imagen que se tiene de ciertas explotaciones en otros sitios del país y del mundo, en donde muchas veces no son adoptados todos los cuidados y recaudos que si se toman en San Luis. Se ha generado un rechazo contra el sector que creo es producto de la mala información que existe sobre este asunto. La difusión de datos claros le brindaría a la sociedad una percepción distinta. No debemos olvidar que acá también hay intereses políticos y económicos con respecto al medio ambiente, que es una gran industria en las que hay empresas que proveen insumos. En esta actividad, como cualquier otra, habrá algunos que actúan de manera responsable y otros que lo hacen por interés; siempre están los buenos y los pícaros. Por eso es importante dar un mensaje claro para que no haya interpretaciones erradas en la sociedad.

-¿El cuidado del medio ambiente es una política central del Ejecutivo puntano?
-El Gobierno de San Luis no está en contra de los ambientalistas, sino no tendríamos un ministerio de Medio Ambiente que ni siquiera la Nación lo tiene. Lo que pasa es que hay echar luz y actuar responsablemente para no desinformar. El Ministerio de Medio Ambiente de San Luis es la autoridad de aplicación de prácticamente todos los emprendimientos productivos de la provincia. Para poner cualquier proyecto productivo hay que presentar un informe de impacto ambiental. El Ejecutivo no impide el desarrollo, sino que propugna que el Medio Ambiente es lo principal, y que si no lo cuidamos las generaciones futuras no tendrán posibilidades de subsistir.

Fuente: Diario La República

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