Eso se debe a que los artículos 53 y 54 de la ley aprobada a principios de mes le dan mayor estatuto al decreto 2067, por medio del cual el Gobierno creó un cargo específico al consumo de gas para pagar las importaciones, más caras y cada vez mayores. Según el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, casi todos los usuarios del servicio aceptaron pagar los cargos, mientras que sólo un 5% se inclinó por presentarse a la Justicia. Entre otros sectores, despertó reclamos airados por parte de las asociaciones de consumidores. Para quienes aún no pagan ese cargo, el peso en sus facturas puede ir desde un 120% hasta un 700%. Además, el Gobierno puede disponer su cobro retroactivo desde 2008.

SOLUCIÓN ALTERNATIVA 

Las compras de gas al exterior son la solución que eligió De Vido para compensar la menor producción local del fluido, que viene en caída. En los últimos tiempos, sin embargo, el peso de esas compras al exterior se hizo cada vez más notorio sobre la balanza comercial. Por caso, durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con números oficiales, se pagaron US$ 2668,53 millones, en importaciones de gas, casi un 90% más que las erogaciones que se realizaron en el mismo período de 2011. Esas cifras muestran un encarecimiento en los precios, dado que en términos de volumen las compras al exterior treparon poco menos de un 50 por ciento.

El cargo creado por el decreto 2067, famoso en el sector gasífero, tenía por objetivo morigerar los efectos de las importaciones sobre las cuentas públicas. La preocupación continúa cuatro años después. Es, por caso, uno de los temas que más ocupan al viceministro de Economía, Axel Kicillof. El viernes 26 de octubre comenzó una ronda de conversaciones con empresas petroleras para hacerles llegar un mensaje claro: al Gobierno no le importa la extracción de petróleo, el producto que más les interesa a las empresas, pero que aún alcanza para cubrir la demanda local.

En cambio, les pidió canalizar los mayores esfuerzos en la producción de gas. Sucede que ese insumo cubre aproximadamente el 50% de las necesidades energéticas de la Argentina. Y no sólo está en caída su producción, sino las reservas registradas en el país. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, la Argentina tiene hoy la mitad del gas con el que contaba hace diez años. La tendencia se volvió a repetir en 2011, con una caída del 7% con respecto a 2010.

Según un trabajo elaborado por Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que conduce Jorge Lapeña, ex secretario de Energía durante la presidencia de Raúl Alfonsín, las reservas comprobadas de gas natural eran, al 31 de diciembre pasado -último número disponible-, de 332.510 millones de metros cúbicos (m3), "lo que equivale al 50% de las reservas comprobadas diez años antes". El desmejoramiento en la performance petrolera no sólo se notó en las cuentas públicas, sino también en los números de las empresas. Por ejemplo, una de las que más perdieron fue YPF, que durante su gestión privada sacrificó entre 2002 y el año pasado un 77% de sus recursos bajo el suelo.