El titular de Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”, Jorge Lapeña, sostiene que la mejor solución para el problema energético argentino es hacer un acuerdo razonable con Bolivia, continuar en el corto plazo importando gas de este país, y avanzar en la construcción de un nuevo gasoducto.

Sobre el argumento del gobernador neuquino Jorge Sobisch que reclama precios para desarrollar la cuenca neuquina, el entrevistado afirmó que ello depende de las empresas privadas (con concesiones en esa zona) las que “en los últimos años no han demostrado realizar hallazgos exitosos”.

Sobre el argumento del gobernador neuquino Jorge Sobisch que reclama precios para desarrollar la cuenca neuquina, el entrevistado afirmó que ello depende de las empresas privadas (con concesiones en esa zona) las que “en los últimos años no han demostrado realizar hallazgos exitosos”.

El ex secretario de Energía de la gestión de Raúl Alfonsín y uno de los consultores más importantes de la actividad consideró que el gasoducto sudamericano (que impulsa políticamente el presidente Néstor Kirchner, junto a sus pares de Brasil, Lula Da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez) es una idea de esas que tardan muchos años en llevarse a la realidad.

–¿Cómo describe la actual situación energética de nuestro país?
–Tenemos un problema importante: casi la mitad de la energía que se consume en Argentina es gas natural. Desgraciadamente, a raíz de la mala política energética de los ’90 nuestro país descuidó este sector. No se han descubierto yacimientos de gas en cantidad suficiente como para sostener el crecimiento. En 15 años el país ha dilapidado sus reservas gasíferas.

–¿De que manera se puede sintetizar ese proceso?
–A fines de los ’80 Argentina era un país gasífero, tenía entre 30 y 35 años de reserva. Ahora cuenta con reservas para 9 años. Se ha despilfarrado la gran riqueza que le permitió a nuestro país transformar su estructura energética para dejar de consumir combustibles líquidos y consumir gas natural en las industrias, en las centrales eléctricas y gas natural comprimido (GNC) en los autos. Actualmente el problema es que nuestros yacimientos no pueden ser ampliados siguiendo una demanda que crece al 6 % anual mientras la oferta no aumenta por falta de descubrimientos, ante lo que hay que recurrir a la importación de gas.

–¿Es ineludible recurrir a la importación?
–Hay una disyuntiva de hierro: o se consume menos gas o se derivan consumos a otros productos, caso de la energía eólica, nuclear o hidráulica.

–En el contexto actual, ¿cuál es la mejor solución ante la crisis?
–Como posibilidad inmediata para resolver los problemas de mediano plazo de la Argentina, creo que es la importación de Bolivia porque es un país con abundantes reservas, está cerca, es mediterráneo. Somos el comprador natural de Bolivia, mientras ellos son nuestros proveedores naturales.

–¿El aumento del precio que –reconoció– va a aplicar el nuevo presidente boliviano, Evo Morales, no complica el panorama?
–Puede haber un impacto en el corto plazo, pero no me preocupa porque estamos hablando de cantidades pequeñas. Hay que alcanzar con nuestros vecinos bolivianos un acuerdo amigable, razonable comercialmente, a la vez que apoyado políticamente por los dos gobiernos para alcanzar un contrato de largo plazo con precios más altos que los actuales, pero no tan elevados como que para que sean inconvenientes. Hay que poner todos los “faroles” en ese acuerdo.

–¿Qué esta pasando ahora?
–Estamos paliando la situación con una importación temporal desde Bolivia de unos 7 millones de metros cúbicos por día de gas natural por los viejos gasoductos. Se restringieron las exportaciones comprometidas a Chile, se importa cada vez más cantidad de combustibles líquidos a alto costo como fueloil desde Venezuela. En fin, Argentina va tapando agujeros y como quien dice “tirando”, pero el sistema energético es más endeble y tiene más dificultades para afrontar la demanda en situaciones críticas ante temperaturas extremas, días de mucho calor, de mucho frío en invierno, o si hay insuficiencia de aportes hidráulicos. La situación es comprometida.

–¿Cómo debería continuar el abastecimiento de gas boliviano?
–Para traer gas desde allí hay que hacer un gasoducto nuevo. Existe un proyecto, el gasoducto del Nordeste (según una iniciativa llegaría hasta Rosario y el costo sería de 1.000 millones de dólares) destinado a traer 20 ó 25 millones de metros cúbicos de gas por día que abastecería a las provincias del norte y nordeste que hoy no tienen gas.

–¿Qué característica tendría dicho emprendimiento?
–Se necesitaría un gasoducto de 1.300 ó 1.500 kilómetros de longitud, frente a los 7.000 del otro que se está proponiendo.

–Precisamente, ¿cuál es su visión sobre el gasoducto sudamericano (tendría un costo de uno 20.000 millones de dólares) que coincidieron en impulsar los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela?
–Son anuncios... La experiencia prueba que desde que se genera una idea hasta que se lleva a la práctica pasan muchísimos años. Si no, vea Yacyretá, el proyecto es de 1926; sin embargo pasaron 50 años hasta que se firmaron los convenios y empezaron las obras y aún no está terminadas En estos temas es necesario ser cautos.

–Pero, ¿cuál es su opinión acerca de la idea en sí?
–Hay que hacer un estudio de prefactibilidad y en caso de ser positivo, de factibilidad ya que deberá atravesar muchas selvas y bosques, además tiene que ser viable económica, financieramente y hasta institucionalmente. Es una idea generada en el alto nivel político (el anuncio fue lanzado por Kirchner, Lula y Chávez) pero de ninguna manera se puede pensar que van a solucionar los problemas de manera inmediata, tal vez en muchísimos años vista puede ser.


La Cuenca Neuquina


–En contraste a lo que usted sugiere sobre la importación de gas de Bolivia, el gobernador neuquino Jorge Sobisch salió a decir que habría que desarrollar la cuenca neuquina, donde se paga un dólar el millón del BTU contra los 3,5 que se le pagarán a Bolivia.
–El desarrollo de la cuenca neuquina depende de las empresas que tiene las concesiones sobre ellas y que no han demostrado en los últimos tiempos que haber concretado hallazgos exitosos. 
–¿Pero no es posible desarrollar la provisión desde esa región?
–La cuenca neuquina no da para construir un nuevo gasoducto que saliendo desde allí permita ampliar la oferta para satisfacer una demanda creciente como la nuestra.

–Sobisch destacó que gran parte del problema es el intervensionismo regulatorio del gobierno nacional.
–Se terminó la época del gas barato, pero la cuestión de fondo es otra: en los próximos 15 años nuestro país necesitará comprar en el exterior entre un 20 y un 25% de lo que consumirá (hoy de Bolivia se importa el 4,5 %).

–¿La regulación de los precios internos no influyó para desalentar la inversión en las cuencas internas?
–La cuestión del precio es una de las tantas a considerar. Pero Argentina no está mal en materia energética por la cuestión de los precios, sino por haber tenido una política energética excesivamente liberal en lo económico y naif en lo político. Estamos pagando las consecuencias de la mala privatización de la etapa de (Carlos) Menem, y de las políticas en los sustantivo no han cambiado.

–¿En qué sentido lo dice?
–A la Argentina le falta algo básico como una ley de hidrocarburos actualizada. Se está manejando con una que de acuerdo a la reforma constitucional de 1994 está perimida. Sin un marco regulatorio adecuado es difícil que haya una corriente inversora importante. Tampoco existe una política exploratoria clara. Se hacen –como indiqué– anuncios de convenios en los cuales entraría Enarsa y alguna otra empresa estatal de la región, pero de ninguna manera hay una política general de largo plazo que comprenda las zonas inexploradas del continente incluyendo Río Negro, todas las provincias y el mar. Se lanzan proyectos sobre los cuales la población desconoce sus alcances y cuando se habla de inversiones resultan ser muy pequeñas en relación a las que hacen falta. No soy optimista en que haya buenos resultados.

–Su descripción es preocupante.
–Estamos en una situación muy precaria, por la que se abren a futuro importantes interrogantes. El primero es si Argentina podrá generar un proceso de inversiones en el sector gasífero, eléctrico y petrolero, para revertir las actuales tendencias negativas en la relación oferta-demanda. La producción petrolera está en descenso desde 1998 y no aparecen yacimientos de gas porque el Estado tampoco tiene una política exploratoria, si no a su cargo, haciendo que terceros y empresas privadas funcionen.

–La pregunta de rigor es si puede haber problemas con el gas o con la luz en la próxima temporada.
–El sistema cada vez actúa en situación de mayor riesgo. Este año estamos peor que el pasado, lo cual no significa que vaya a haber un colapso y se vaya a cortar la luz mañana.


¿Y los precios?

Para Jorge Lapeña, los precios de los combustibles son un ingrediente más pero no deberían dominar el debate sobre la crisis energética. Reconoció, de todos modos, que es preciso ponerle fin al programa de rediscusión de los contratos de servicios públicos que se inició hace dos años.

–El sector privado se queja por la falta de incentivos ¿cuál es el problema de fondo?
–Como indiqué, el precio es un ingrediente, la corriente inversora la puede llevar a cabo el sector privado o el público.

También es cierto que el gobierno está atrasado en la renegociación de los contratos de concesión, lo que debió hacerse hace mucho tiempo (la ley de emergencia económica fue sancionada por unanimidad el 6 de enero de 2002). El gobierno ha dejado los precios de energía atrasados y ahora tiene miedo por el tema inflacionario. Es una mala política de esta administración.


De consulta

Junto con Daniel Montamat, Jorge Lapeña es uno de los consultores con mayor presencia en las discusiones públicas sobre energía. Ambos condujeron las carteras energéticas de los gobiernos radicales precedentes: Lapeña en los últimos tiempos de Raúl Alfonsín y Montamat, en los primeros meses de la administración de Fernando de la Rúa.

Lapeña preside el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”, que fue fundado en octubre de 1983, pocos días antes del triunfo radical. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Su primer presidente fue Roque Carranza.

“Constituye su propósito propender a un aprovechamiento racional de los recursos energéticos y a un coherente desarrollo de sus actividades conexas que satisfagan los intereses de la población, destinataria final de los bienes y servicios que las mismas generan”, dice la declaración de principios de la asociación dedicada al sector.

El IAE realiza actividades, estudios y trabajos relacionados con la materia, como la investigación, la elaboración de estudios y la capacitación, divulgación y extensión. Realiza asistencia y asesoramiento de organismos públicos y privados en las etapas vinculadas a la exploración, desarrollo, explotación, refinación, transformación, industrialización, producción, transporte, distribución, consumo y comercialización de electricidad, hidrocarburos y carbón mineral.

Fuente: Diario Río Negro

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