La situación es compleja, pues la misma dirección general de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en Chiapas desconoce si existe seguridad laboral para quienes se emplean en actividades de explotación de minas. Esa dependencia del trabajo hoy a cargo de César Rodríguez Cal y Mayor desconoce la situación. Pese a que sus atribuciones son vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil". De acuerdo a datos obtenidos a través de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, detalló que la explotación minera no se ha preocupado por dar seguridad social a sus trabajadores, quienes se emplean en minas y ríos para extraer el mineral del suelo, grava o piedra en el caso de los afluentes.

Aunque durante el 2007 el IMSS registró dos mil 162 trabajadores inscritos por parte de sus empresas, en el 2008 inscribieron a 483 y para el 2009 fueron 51 trabadores. En los siguientes años a la fecha, ya no se realizó nuevos registros pese a que en últimos tres años, las autoridades de los tres niveles de gobierno permitieron nuevas concesiones para extraer mineral como oro, plata y titanio del suelo chiapaneco, además, de la extracción de grava y piedra sobre ríos de Chiapas.

Por ejemplo, en el río Lacantún dentro de la Selva Lacandona, considerada por expertos región prioritaria para el país por su riqueza biológica e hidrológica, se está extrayendo material pétreo. Pese a ser un área protegida. El río de Santo en Chiapa de Corzo, cuyas aguas provienen del río Grijalva, es el afluente más extraído por empresas constructoras, seguido del río Coatán en el municipio de Tapachula. Durante los siguientes cinco años las compañías tienen asegurada esa extracción en ambos ríos, resultado de más de una veintena de permisos que otorgó la Semarnat en los últimos tres años. Y a nadie de sus trabajadores se les ha dado seguridad laboral.