Luego de los derrames de hidrocarburos acontecidos en los últimos días, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel, afirmó que la Provincia fortalecerá la fiscalización sobre las empresas petroleras y que, a su vez, se les exigirá a éstas el cuidado de sus instalaciones.

El funcionario sostuvo que el desarrollo de los yacimientos no convencionales obligará a intensificar las acciones en cuanto a la preservación de los recursos naturales y anunció que la Provincia prevé a futuro administrar el manejo y utilización de los pozos sumideros que hoy están en manos de las concesionarias.

Con Petrobras el Gobierno fue muy duro en cuanto a las consideraciones que se hicieron respecto de la falta de inversiones por parte de la empresa, después del derrame de petróleo que llegó al río Colorado. ¿Con YPF se actuará de la misma manera?
El trato es igualitario, todas las empresas deben ser responsables de sus instalaciones y mucho más cuando se afectan recursos naturales. El desarrollo de la actividad productiva es uno de los objetivos del Gobierno y va incidir sobre la matriz energética nacional, pero no está condicionado a que tengamos que ser livianos, laxos o contemplativos con las afectaciones ambientales. Por el contrario, lo ambiental está por encima del desarrollo económico. Por eso estamos fortaleciendo las estructuras para la fiscalización y control, y queremos lo mismo de parte de las empresas concesionarias para que aumenten su responsabilidad en cuanto al cuidado de sus instalaciones. Que adviertan ellos cuáles son los puntos de riesgo factibles de ser vulnerados.

¿En el caso de Petrobras no existió esta previsión?
Claro, no se tomaron todas las medidas de protección de cruces de cañerías sobre un aluvional, se rompen y se producen estos impactos ambientales. En el caso de Puesto Hernández ocurrió lo mismo. Se afectan las instalaciones de la planta, se produce un desborde por un aluvional y estos puntos de riesgo tienen que ser advertidos previamente por las empresas. Por eso la rigurosidad en cuanto al control ambiental; se va a ser riguroso también en la sanción. El trato va a ser igualitario para todas las concesionarias para que los próximos desarrollos estén de la mano de más controles, eficiencia y fiscalización de parte del Estado, y mayor cuota de responsabilidad de las empresas.

¿Cómo se determinará la implementación de multas ya que en otros casos de derrames no sucedió?
Cuando la empresa respondía enseguida con la remediación y el saneamiento nosotros teníamos un concepto más contemplativo, pero ya desde el año pasado, a partir de la sanción del Decreto 1.483 -de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos-, que establece normas, requisitos y cuidados ambientales para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, comenzamos a establecer criterios más rigurosos con respecto a establecer un mayor compromiso y responsabilidad en el cuidado de instalaciones de cada empresa concesionaria. Los no convencionales van a generar un número tan importante como la cantidad de pozos que se han construido hasta la fecha. Se van a sumar a los existentes, con lo cual este desarrollo se tiene que dar con un absoluto compromiso y responsabilidad de parte del Estado y la misma cuota le cabe a las empresas. Por eso con este decreto comenzamos con medidas cada vez más rigurosas para que las concesionarias se preocupen de cuidar el medio ambiente. Es una política que ha determinado la Provincia para ir juntos en el desarrollo.

¿Qué opina de la prohibición que se dio en Cinco Saltos de una la fractura hidráulica, a través de una ordenanza del Deliberante de esa ciudad?
No sé qué es lo que se está prohibiendo porque ahí no hay desarrollo de shale y no va a tener la influencia ni la intensidad que tiene Neuquén, porque Río Negro es borde de cuenca, quiere decir que los desarrollos van a ser menores. En este caso se trata de personas que están preocupadas por el ambiente pero que no están debidamente informadas para determinar una prohibición. Hay que transparentar la actividad y es lo que queremos hacer para que las preguntas tengan una respuesta científica. La ciudadanía tiene que tener confianza en que el Estado cuida la seguridad pública, en este caso en la actividad hidrocarburífera. Debemos dar las respuestas ante cada consulta.

Usted recorrió en Estados Unidos los yacimientos de shale, ¿qué respuesta le puede dar al común de la gente respecto de los resquemores que surgen con relación a la utilización de esta tecnología, sobre todo en el uso del agua y la fractura en sí?
Las afectaciones que conocemos son de napas freáticas y no está probado que sean de parte de las nuevas perforaciones, tenemos que tener cuidado con las viejas instalaciones, controlando que no haya afectaciones de hidrocarburos en napas. Hoy tenemos algunas afectaciones y las estamos trabajando. Pero son hechos muy puntuales, la actividad no genera una contaminación masiva. En el caso de los no convencionales se trabaja a más de 3 mil metros, con capas de aislación superiores que no permiten el contacto con los recursos hídricos superiores. Y se hace una hermeticidad de las cañerías y del cemento que protege todos los recursos hídricos, no hay posibilidades técnicas de que haya contaminación. Se hacen pruebas para que el cemento no tenga defectos y de presión para determinar que la cañerías sean herméticas y que no haya ninguna fuga.

¿Y con relación al agua de retorno?
Lo establecimos en el Decreto 1.483 que determina la obligatoriedad del reúso de ese agua para seguir con otra fractura. Cuando esto no sea posible, va a disposición a un tanque hermético, cerrado y con recursos hídricos se dispone de ella para que sea clarificada, se le reduzcan los sólidos y sales para que termine en pozos sumideros. Estamos trabando sobre un proyecto para identificar estos pozos, clasificarlos, estudiar las formaciones geológicas que tengan la hermeticidad para poder actuar como pozos sumideros. La intención es preparar este plan que nos va a llevar unos 60 días, establecer las pruebas de control de cada una de las formaciones receptivas, hacerles mantenimiento y luego poder habilitar las instalaciones. Hoy están a cargo de las empresas y la idea a futuro es establecer condiciones de administración de parte del Estado provincial para su manejo y utilización.