La estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (G&P) y Tecpetrol firmaron ayer un “contrato de participación” sobre el área Fortín de Piedra, bloque que fue revertido en marzo del año pasado por falta de inversiones. La petrolera del Grupo Techint  se comprometió a realizar en el transcurso de los próximos cuatro años la perforación de tres pozos no convencionales y un workover.

Además cedió a la compañía neuquina una "participación indivisa en la totalidad de los derechos sobre la producción neta de hidrocarburos", según informaron desde el Ministerio de Energía. El gobierno provincial revirtió el área porque se encontraba sin producción y sin inversiones comprobables, pese a que se renegoció en 2010.

Fue durante la ofensiva de las provincias productoras contra la YPF controlada por Repsol que derivó en la expropiación y estatización de la compañía argentina. En esa oportunidad, Neuquén fue más allá e intimó a Petrobras, Ingeniería Sima, Tecpetrol, Apache y Argenta Energía.

ACUERDO

De la firma del contrato participaron el presidente de G&P, Guillermo Coco, y el gerente del Área Centro Oeste de Tecpetrol, David Eliosoff. Coco señaló que este contrato de participación se sustenta en el acuerdo transaccional firmado entre la empresa y la Provincia “con el fin de decidir y realizar todas las acciones tendientes a asegurar el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales”.

Agregó que el propósito es “asegurar la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica de los yacimientos y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas”. De esta forma, Tecpetrol desistirá de la demanda que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que frenó la quita de Fortín de Piedra. La compañía había presentado una acción de amparo al igual que Petrobras, empresa que aún se mantiene en litigio con la Provincia por el área Veta Escondida.

A mediados de 2012, el máximo tribunal suspendió la caducidad de las concesiones. Las petroleras sostenían que los decretos provinciales 562/2012 y 563/2012, a través de los cuales se quitaron las áreas, eran “arbitrarios e ilegales”. La Corte no se definió sobre la cuestión de fondo, es decir si avala o rechaza la medida, sino que pidió a la Provincia que fundamentara la decisión.