La medida del gobierno neuquino alcanza a tres yacimientos operados por Pioneer. Acusa a la empresa de daño al entorno. Por ahora, no podrá seguir explotando las áreas.

El gobierno provincial le quitó la licencia ambiental a la empresa petrolera Pioneer y la inhabilitó para operar en tres yacimientos de la provincia. La medida la adoptó con el argumento de que provocó un importante daño ambiental, y en el contexto de la ofensiva lanzada meses atrás por el gobernador Jorge Sobisch contra las compañías hidrocarburíferas.

A través de la resolución 476, emitida el viernes último por el ministerio de Producción y Turismo que conduce Marcelo Fernández Dotzel y a la que "Río Negro" accedió mediante fuentes de la cartera, la empresa Pioneer fue notificada de que no puede operar los pozos que tiene en las áreas Aguada Quinchao, Meseta Buena Esperanza y Portezuelo. El plazo de la sanción no fue fijado pero comenzó a correr el martes último. La firma debe paralizar la producción de crudo y podría afrontar pérdidas millonarias.

Esta no es la primera vez que la firma es acusada de contaminación y queda inhabilitada: en diciembre pasado el gobierno le cerró dos pozos exploratorios en los yacimientos Ranquilco y Guanaco con argumentos similares a los de la nueva resolución. En esa ocasión también le suspendió la licencia ambiental a Repsol YPF para operar en el área Auca Mahuida y denunció a sus directivos ante la Justicia.

La suspensión no establece un plazo y el levantamiento de la medida quedó sujeta a la presentación de parte de Pioneer de un plan de gestión ambiental y un programa integral de saneamiento y remediación del daño ocasionado en la zona de los tres yacimientos. El ministerio de Producción debe aprobarlo para que la firma lo ponga en marcha.

"La intensa actividad hidrocarburífera desarrollada en dichas áreas ha provocado un importante estado de deterioro y degradación ambiental, perturbando notablemente el equilibrio del sistema y los procesos ecológicos del mismo", sostiene el texto de la resolución.

La sanción fue resuelta en el contexto de la ofensiva lanzada desde mediados del año pasado por Sobisch contra las petroleras, cuando las intimó a liquidar las regalías sin deducir las retenciones a las exportaciones.

Y continuó en febrero cuando subió por decreto los valores de referencia para liquidar esas regalías, una acción sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Así, en un breve plazo, de ser "aliadas estratégicas" las firmas del sector pasaron a ser uno de los principales blancos del mandatario neuquino.

Entre las irregularidades detectadas en las áreas operadas por Pioneer, cuyos activos argentinos fueron vendidos a la empresa Apache, el ministerio mencionó "impregnaciones de hidrocarburos, residuos inadecuadamente dispuestos, faltas de medida de seguridad, emanaciones y pérdidas de fluidos y saneamientos incompletos", entre otras.

Subrayó además que "estas situaciones han sido reclamadas por la autoridad ambiental ante la empresa operadora, imponiéndole multas por un monto total de 113.725 pesos durante 2005 y 2006, sin que ello haya significado un cambio de actitud por parte de la firma". Y enfatizó que "si bien ha presentado un programa de saneado de piletas, fosas y locaciones, en el mismo no están incluidas todas las situaciones ambientales que se detallan en las actuaciones de la dirección de Fiscalización".


Los efectos de la contaminación

Uno de los casos de contaminación por los que fue sancionada la firma Pioneer -en realidad Apache desde hace cuatro meses- fue difundido por "Río Negro" hace veinte días. Se trata del caso de un viejo pozo del yacimiento Buena Esperanza.

En aquella oportunidad, uno de los abogados de la empresa, Ignacio Pujante, familiar del ex ministro neuquino Alfredo Pujante, dijo que no estaba al tanto del caso de contaminación en Buena Esperanza, que fue recorrido por un periodista y un reportero gráfico de este diario.

El abogado, al igual que la mayoría de los empleados de Pioneer, pasó de una firma a la otra luego de que se consumara la venta de la compañía y de que Apache se hiciera cargo de los activos que tenía la primera en Argentina.

En el pozo en cuestión se encontraron restos de aves muertas, se detectó el derrame permanente de hidrocarburos y también se verificó venteo de gas.

Hace unos días, Carlos Pedernera -encargado del campo que es propiedad de José Luis García- denunció que empleados de Apache cambiaron la tranquera de acceso al campo sin autorización del dueño.

A la vez denunció que pusieron otro candado en la entrada y que ingresaron con vehículos pesados a la propiedad. El caso fue denunciado en la comisaría de Sauzal Bonito de la Policía provincial.

Lo más curioso es que los empleados de Apache exhibieron una autorización de un abogado neuquino, Gustavo Overholzer, que se presentó como dueño del campo en cuestión.

En diálogo con este diario, José Luis García denunció la contaminación de su campo y la intromisión de Overholzer, un hombre con mucha influencia en ámbitos judiciales.

El abogado, además, es el dueño de una muy buena cantidad de hectáreas en las que hay explotación hidrocarburífera, por las que cobra importantes sumas de dinero en concepto de servidumbre de paso.

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