
Los temores que venían alimentando las empresas mineras que operan en Santa Cruz se hicieron realidad ayer, cuando la Legislatura provincial aprobó un aumento impositivo. Tras varias semanas de tratamiento, el Legislativo votó a favor de un impuesto inmobiliario que grava las reservas declaradas por las empresas con una alícuota del uno por ciento.
El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, que llegó al poder de la mano del kirchnerismo, pero luego quebró con el oficialismo. El proyecto, que inicialmente también incorporaba un aumento de los Ingresos Brutos a la actividad minera y un impuesto al juego, encontró un freno en la legislatura provincial, de mayoría kirchnerista.
Ese espacio, encolumnado con La Cámpora, según revelaron fuentes provinciales, presentó un proyecto de minoría, más benévolo con la actividad minera. Pero en la sesión de ayer, ese proyecto fue retirado y se votó el de minoría. En la votación en particular, se quitaron las modificaciones al gravamen sobre los Ingresos Brutos y los miembros oficialistas también votaron en contra del impuesto al juego.
Pero se mantuvo el foco del problema para las mineras: el impuesto que les hace pagar por el mineral que dicen haber descubierto (las reservas declaradas). Esto es un golpe tremendo a la exploración”, confió una fuente cercana a la actividad minera de la provincia.
Se calcula que, por este impuesto, la carga impositiva que pagarán las empresas será de $ 500 millones anuales adicionales. Actualmente, los impuestos de las mineras en la provincia alcanzan al 53% de sus ingresos. Santa Cruz es una de las provincias con más desarrollo minero, inclusive, citada como ejemplo de crecimiento en el segmento repetidas veces por la propia Presidenta.
Pero las necesidades económicas de la provincia de los últimos años, en especial a partir del alejamiento de Peralta del oficialismo, hicieron que el ejecutivo busque recursos en las actividades prósperas. Aun así, desde el sector minero local aseguran que el aumento de los costos de producción les hizo perder rentabilidad, a lo que se suma el impedimento de girar divisas al extranjero.
Uno de los proyectos más perjudicados será Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entró en producción y cuya factibilidad queda fuertemente golpeada, porque deberá pagar el nuevo impuesto sobre sus reservas declaradas sin haber comenzado a producir. También será alcanzada por la medida la mina de oro y plata Manantial Espejo, de Pan American Silver y el proyecto San José, de Minera Santa Cruz, propiedad de las firmas Hochschild Mining y McEwen Mining.
Otra empresa que opera en la provincia es Cerro Vanguardia, una mina de oro que es propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, y en una pequeña porción, de Fomicruz, una sociedad del estado de la provincia. Fuentes indicaron que las firmas esperarán la promulgación de la nueva Ley para acudir a la Justicia. La consideran ilegal por violar el pacto fiscal que impide modificar impuestos.
Fuente: El Cronista
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