El interbloque kirchnerista de la Legislatura presentó un proyecto para crear la junta de control del impacto ambiental.

En la junta planificada, además del Ejecutivo, tendrían participación al menos tres diputados de la comisión de Medio Ambiente y representantes de las comunidades mapuche.

Mediante otro proyecto, de resolución, pidieron que haya representantes del legislativo en la comisión fiscalizadora que se crea en el acuerdo YPF Neuquén por la explotación de Loma Campana que no sea del oficialismo. Esta comisión debe ser creada entre la misma empresa y la Provincia.

Rodolfo Canini (Nuevo Encuentro) sostuvo que por la profundidad de las explotaciones no convencionales es imposible que exista contaminación de los acuíferos, e indicó que el proyecto de crear juntas de control es complementario al de la defensoría ambiental. Raúl Podestá (Frente Grande) explicó que el papel de la defensoría es más amplio porque también tendrá injerencia en cuestiones que tienen que ver con la contaminación de los ríos y en la depredación de los bosques.

Pamela Mucci (Frente y la Participación) indicó que "hay un gran desconocimiento de la población en torno al tema de los no convencionales y es por eso nuestro compromiso ambiental". Su par de bloque José Rioseco adujo que con la junta de control se otorga una garantía y transparencia de que la empresa pueda aplicar y cumplir con los planes de contingencia.

Podestá razonó que los problemas más graves de contaminación en el tema petrolero se dan en los convencionales debido a que los yacimientos son maduros, producen menos y las empresas no invierten en el cuidado. Pablo Todero (Frente para la Victoria) sostuvo que "necesitamos tener una actitud proactiva en el cuidado del medio ambiente" en tanto que Luis Sagaseta adujo: "Necesitamos evitar el miedo que paraliza y por esto estamos haciendo una propuesta constructiva".

De la conferencia que realizaron los legisladores de los bloques kirchneristas participó también la legisladora Amalia Jara (Frente para la Victoria). En relación con la participación de los representantes mapuche, Podestá y Canini dijeron que se iba a tener en cuenta la comunidad que esté reconocida por la provincia o por la Nación y que tenga jurisdicción territorial en el yacimiento que se controla.