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Comisión investigadora respaldo a Pascua Lama

12/02/2014 | LATINOAMÉRICA | Minería | 481 lecturas | 281 Votos



La comisión investigadora del proyecto binacional emitió su informe final avalando las acciones de Barrick Gold, empresa a cargo del emprendimiento ubicado sobre la Cordillera de Los Andes.




El texto no sólo no pide, como se especulaba la caducidad de los permisos, sino que plantea no aplicar el Convenio 169 de la OIT ni la norma de glaciares, además de proponer nuevas reglas para blindar la inversión privada. Tras la paralización de las obras en Chile que dispuso la autoridad ambiental y ratificó la justicia, se aguardaba un dictamen lapidario; que sugiriera la revocación de los permisos ambientales y solicitara sanciones ejemplares en contra de Pascua Lama, pero las conclusiones de la Comisión Investigadora acerca de la situación ambiental, por los trabajos de construcción del Proyecto Pascua Lama,  después de siete meses, en líneas generales confirma el correcto manejo de la compañía canadiense para resolver sus incumplimientos, como someterse a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Fundamentalmente, deja de lado la posibilidad de sugerir la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada en febrero de 2006, la que sólo debiera ocurrir en caso que “la empresa reincida en incumplimientos manifiestos”. Otro aspecto principal del fallo, es que se descarta la aplicación del Convenio 169 de la OIT por consulta indígena, ya que -revisada la legislación-, no sería de aplicación para el caso de Pascua Lama.

“En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, afirma el documento.

Cabe destacar que a pesar de estas resoluciones, el dictamen plantea que si bien el titular del proyecto ha incurrido en reiterados incumplimientos, éstos han sido abordados por los cauces administrativos correctos, como la Superintendencia de Medio Ambiente, que sancionó a Barrick con 10.000 UTM más la clausura temporal de la iniciativa.

En tal sentido, manifestó la necesidad de mejorar el proceso participativo de las comunidades cercanas a un proyecto de tal envergadura, algo que la legislación actual chilena mantiene pendiente, ya que debiera evitar “denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental”, como ha ocurrido con Pascua Lama, que hoy se encuentra paralizado.

Respecto a la revocación de la RCA la comisión consideró “ que en caso que con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos, procedería de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ambiental la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental”, plantea el documento.

También se cuestionó las condiciones para la inversión que existen en el país y la necesidad de fortalecer la normativa. “La comisión ha constatado la necesidad de reforzar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier clase de proyecto productivo, especialmente de inversiones tan complejas como la minera”, dice el documento.

Dicho documento  fue aprobado hace algunos días en la comisión respectiva por 10 votos a favor y dos en contra. Los disidentes al informe fueron Marcelo Shilling (PS) y Alberto Robles (PRSD), este último quien criticó la forma en que se evaluó en proyecto, basado más en la legislación que en lo político.

VOTO DE MINORÍA

El informe final, que aún debe ser votado en la sala, contó con el rechazo del diputado Alberto Robles, quien criticó las conclusiones señalando que la comisión debe elaborar un reporte político y no un análisis jurídico. Por esa razón, expresó que  correspondía imponer una sanción ejemplar que enfatice la responsabilidad de una empresa extranjera. “Barrick no debería recibir una segunda oportunidad luego de los graves incumplimientos en que incurrió”, dijo Robles. Marcelo Schilling (PS) también rechazó el informe.

Fuente: Mining Press

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