Mediante un pronunciamiento, la organización sindical sostiene que la explotación de los recursos naturales sólo se justifica si beneficia a todos los bolivianos.

"Argumentar que el sector cooperativo no tiene que ver con el lucro, en comparación a los otros sectores mineros, simplemente es dar un paso a la explotación irracional y a la violación de cualquier norma que regule la extracción de los recursos naturales y a la propia seguridad de los trabajadores mineros. Nuestra posición es la universalidad de normas tributarias para no dar paso a quienes se refugien en un privilegio para cambiar de razón social", expresa el documento de los mineros asalariados.

Agrega que la nacionalización de los recursos naturales -como el petróleo y los minerales-, que costó sacrificio y derramamiento de sangre al pueblo boliviano – ahora administrados por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en el caso de las minas, no debe dar lugar al traspaso de estos yacimientos a ningún sector minero y bajo ningún título.

La Federación de Mineros censuró la pretensión que las obligaciones que tiene el sector minero cooperativista por canon de arrendamiento, venta de materiales y equipos, alquiler de maquinaria, que constituyen deudas al Estado, sean condonadas.

"Consideramos que, más allá que la transferencia a terceros de los bienes del Estado es un delito, al pretender esto se descapitaliza a la Empresa Estatal Minera. Por tanto, exigimos la recuperación de estos recursos fruto del esfuerzo y sacrificio del sector minero asalariado a lo largo de décadas y que estos recursos sirvan para la reactivación y fortalecimiento de la industria minera legalmente establecida", puntualiza el documento sindical.

Finalmente, sostiene que – tal como señaló el presidente Evo Morales, de aprobar una Ley Minera de consenso – esta situación sólo puede darse con el compromiso de respetar las leyes y, en particular, la Constitución Política del Estado.

"Por tanto, ante el planteamiento del sector cooperativo que pretende imponer aspectos anticonstitucionales, declaramos estado de emergencia en nuestras filas hasta consensuar una ley coherente con los altos intereses nacionales que beneficien a todos los bolivianos", concluye el pronunciamiento de la Federación de Mineros.