Para lograr su objetivo, el kirchnerismo deberá garantizar la presencia de todos sus legisladores y enhebrar acuerdos con sus aliados tradicionales: el Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro y otras bancadas unipersonales, para asegurar contar con los 129 votos para aprobar esta iniciativa.

El Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio tiene 119, pero el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, no vota porque presidirá la sesión (la secretaria parlamentaria de la bancada, Teresa García, está con licencia médica) y otro legislador riojano está de licencia.

De este modo, el oficialismo aportará 116 diputados por lo que deberá requerir de otros trece legisladores de los cuales siete serán aportados por el Frente Cívico de Santiago del Estero, tres por Nuevo Encuentro, otro por el PJ Pampeano, el Frente por la Inclusión Social y el Frente Solidario Popular.

En cambio, el FpV no contará con el aporte de otro de sus habituales aliados como el Movimiento Popular Neuquino, ya que dos de sus miembros se opondrán y Alicia Comellí podría llegar a abstenerse, y algo similar sucede con el Movimiento Popular Fueguino, que en el Senado votó en contra.

Las bancadas opositoras anticiparon su rechazo al proyecto con el argumento que no "respeta las autonomías provinciales" aunque los gobernadores respaldaron el proyecto y que "no garantiza las inversiones", según anticiparon sus principales referentes que han presentado el jueves pasado seis dictámenes de minoría.

Se trata de la Unión Cívica Radical -que tendrá dictamen de minoría propio a cargo de Eduardo Costa-, el PRO, el Frente Renovador -también con despacho alternativo a cargo de Alberto Roberti-; el Frente Amplio Progresista, la Coalición Cívica y Unidad Popular.

La sesión especial convocada para el próximo miércoles se realizará desde el mediodía y se estima que la estratégica iniciativa se aprobará después de la medianoche ya que se estima que el debate se extenderá por lo menos por doce horas, según anticiparon voceros del oficialismo.

El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.

Además establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor que 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia, será del 60%. En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectados por las reformas a la Ley de Hidrocarburos.