La norma incluye la obligatoriedad de realizar audiencias públicas con carácter previo a comenzar a desarrollar actividades potencialmente dañosas del medio ambiente, tal como lo manifestaron ciudadanos de Cinco Saltos en varias oportunidades.

Oportunamente, la procuradora general Silvia Baquero Lazcano emitió un dictamen favorable a lo planteado por Mendioroz.

El presidente del bloque de legisladores del radicalismo refirió en su momento que el 21 de julio de este año el juez superior Enrique Mansilla, en su carácter de magistrado de amparo, hizo lugar a un planteo formulado a fines 2013 y ordenó la realización de la audiencia pública.

Así mismo, también ordenó la modificación de la resolución de aprobación ambiental al resultado de aquella instancia, requiriendo a la empresa Greencor SA la presentación de informes y monitoreos ambientales periódicos para determinar si durante el funcionamiento de su planta se produjo contaminación.