
A fines del año pasado, la resolución 3692 del organismo que conduce Ricardo Echegaray puso en marcha un registro fiscal en el que deben inscribirse todas las empresas que integran la cadena de valor de la minería, tanto las empresas productoras como los proveedores de servicios e insumos.
La medida, que entró en vigencia el 1° de enero, también alcanzó a los tenedores de cateos y prospectos exploratorios. En la práctica, la iniciativa generó una reducción del universo de proveedores con el que trabajan las productoras.
Concretamente afectó a pequeños y medianos contratistas que muchas veces no cuentan con la estructura administrativa necesaria para inscribirse en el sistema creado de la AFIP.
Entre las condiciones para inscribirse, los proveedores deben poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (Cuit) activa, tener actualizado el sistema registral, tener el alta en IVA y Ganancias, haber presentado las últimas declaraciones juradas de IVA y la última de Ganancias, haber registrado y aceptado datos biométricos (la registración de manera digital de la firma, foto, huella dactilar y el escaneo del DNI), entre otros. Además, deben operar con facturas electrónicas. Como resultado, en la industria cuestionan la burocratización de la actividad, que atentará directamente contra la oferta de insumos y servicios para el sector.
“Existen algunos proveedores, por ejemplo del rubro alimenticio, que no están preparados para cumplir con el régimen que plantea la AFIP. Por eso, lo que estamos notando es una reducción de los proveedores disponibles. Por otro lado, existen contratistas que venden de forma esporádica a las mineras y que por consiguiente sólo venden a nuestro sector un pequeño porcentaje de su facturación, que optaron por no inscribirse en el registro de la AFIP para evitar la burocracia que eso conlleva”, explicó a El Inversor Onlline un alto directivo de una minera radicada en el norte del país, que optó por la reserva de nombre.
Los proveedores que no se registran igual podrán venderle a una firma minera, pero están sujetos a retenciones más gravosas del impuesto a las Ganancias y el IVA, que impactan directamente en sus cuentas. La retención –sumando ambos tributos- oscilará entre el 30,5% y el 56 por ciento.
Hasta el momento, son pocos los prestadores de servicios que han iniciado los trámites de inscripción, señalaron a este medio. “Los proveedores anotados en el registro no superan el 20% del total del universo de las empresas de servicios e insumos”, señalaron fuentes consultadas por este medio.
Uno de los pedidos de Casemi San Juan, la cámara que nuclea a los proveedores mineros de la provincia cuyana, fue establecer una exención para las empresas que facturen a las mineras menos de $ 30.000 mensuales. Pero la Afip denegó el pedido. La Cámara de Empresarios Mineros (Caem), por su parte, convocó a varias reuniones con representantes de la Afip para que sus socios puedan despejar dudas. Finalmente, distribuyó entre las empresas una nota explicativa para dar a conocer los puntos centrales de la iniciativa.
La visión generalizada en la industria es que, a partir de esta iniciativa, las empresas mineras pasarán a actuar como agentes de retención impositiva. Es que las compañías mineras trabajan con decenas de proveedores a los que no les resultará sencillo cumplir con los nuevos requisitos del organismo conducido por Echegaray. Librerías, proveedores de alimentos, hoteles y restaurantes, entre otros.
“Con esta decisión se termina la posibilidad de que los directivos de las empresas ‘rindan a cuenta’ de la empresa lo que consumen”, advirtió el gerente comercial de una minera que opera en el sur del país. “Ante la reducción de la cantidad de proveedores habilitados para trabajar con el sector y la necesidad de incrementar la estructura operativa de las mineras, en especial la de las exploradoras y mineras junior, lo más probable es que esta medida provoque un aumento de los costos administrativos y operativos”, concluyó.
Fuente: El Inversor Enérgetico & Minero
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