Al margen de ese conflicto legal, que amplific贸 su resonancia porque enfrenta a los dos principales jugadores del negocio hidrocarbur铆fero local, son m煤ltiples los elementos que dan cuenta de la crisis econ贸mica-financiera que atraviesa el negocio de distribuci贸n. En concreto, la dificultad que se repite entre las empresas de la industria es que sus ingresos (provenientes de las tarifas que abonan los consumidores) no alcanza para cubrir los costos de operaci贸n del sistema. Por espalda, escasa capacidad para hacerse escuchar en despachos oficiales y ubicaci贸n en la cadena de valor del negocio (son el 煤ltimo orej贸n del tarro del sector), ese denominador com煤n encuentra su m谩xima expresi贸n entre los subdistribuidores de gas, tal como se conoce a las peque帽as compa帽铆as que prestan el servicio de gas natural en localidades alejadas de los grandes centros urbanos y zonas rurales.

En conjunto, las 35 empresas nucleadas en el Instituto de Subdistribuidores de Gas (ISGA), la principal asociaci贸n de este segmento, adeudan m谩s de $ 120 millones a las distribuidoras que le venden el fluido. La situaci贸n puso al borde de la quiebra a varias compa帽铆as, que por lo general surgieron de emprendimientos locales con un alto contenido social y comunitario en lugares no abastecidos por las grandes distribuidoras licenciatarias de gas.

A ra铆z de eso, y tres intentar infructuosamente ser atendidos por funcionarios de los ministerios de Planificaci贸n y Econom铆a, los subdistribuidores enviaron el 2 de septiembre una carta a la presidenta de la Naci贸n, Cristina Kirchner. 鈥淪e帽ora Presidenta, el estado de crisis del sector que representamos, y la necesidad de deslindar responsabilidades, nos impulsar a efectuar esta presentaci贸n ante Usted para que con los medios a su alcance provea una pronta soluci贸n a la crisis que nos agobia鈥�, reclama la misiva firmada por el secretario del ISGA, Juan Pedro Sagripanti, y su vicepresidente, Jorge Le贸n, a la que tuvo acceso El Inversor Online.

鈥淣uestro sector se encuentro agonizando sumido en una profunda crisis, por motivos totalmente ajenos a la voluntad de los emprendimientos que lo componen鈥�, agrega, en tono dram谩tico. Los subdistribuidores brindan servicio a cerca de 350.000 usuarios residenciales de gas. En total, benefician a un universo de m谩s de 1,7 millones de personas.

Adem谩s, abastecen del fluido por red a otros 3500 establecimientos de concurrencia masiva (hospitales, sanatorios, escuelas, universidades, edificios municipales y destacamentos de fuerza de seguridad, entre otros). Las entidades representadas por el ISGA abastecen de gas a algunas ciudades de magnitud como ser Paran谩, Jun铆n, Partido de la Costa, Pinamar, Dolores; San Francisco y Arroyito (C贸rdoba); Casilda y Firmat (Santa Fe).

En mayo de este a帽o, la Secretar铆a de Energ铆a, que dirige Mariana Matranga, public贸 la resoluci贸n 263, que aprob贸 un subsidio del Estado -pagadero en 36 cuotas mensuales- de $ 2590 millones para que las distribuidoras -con Metrogas, Gas Natural BAN y Camuzzi a la cabeza- puedan saldar las facturas de compra de gas adeudadas en favor de los productores del fluido. Pero los subdistribuidores no fueron incluidos en ese programa de salvataje.

鈥淪i esta resoluci贸n es una medida correctiva ante la precariedad subyacente en que se encuentra el sector de la distribuci贸n de gas y por ende result贸 necesaria y prioritaria para las ocho grandes empresas distribuidoras, no se alcanza a comprender por qu茅 hasta el momento hemos sido excluidos de un r茅gimen compensatorio similar鈥�, se pregunta el presidente de ISGA en la carta enviada a Cristina Kirchner.

La realidad financiera que atraviesan las peque帽as distribuidoras es tan inconsistente que, de acuerdo con las tarifas vigentes, terminan pagando m谩s caro el gas que inyectan en los ca帽os que lo que recuperan por el precio que abonan los consumidores. En la pr谩ctica, la tarifa no cubre los costos de compra del hidrocarburo; menos a煤n los de operaci贸n y mantenimiento de los ductos. En rigor, los subdistribuidores abonan $ 0,38 por cada metro c煤bico (m3) de gas que adquieren a las distribuidoras (DISTCO), pero est谩n obligados a venderlo -de acuerdo con los esquemas tarifarios definidos por el Gobierno- a $ 0,31; es decir, un 20% menos.