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Peralta no vetó la derogación del Impuesto Inmobiliario Minero

14/12/2015 | ARGENTINA | Minería | 765 lecturas | 265 Votos



Se intentó mostrar el veto como el último gesto de autoridad política del exmandatario, sin embargo mal pudo haber dado de baja una ley que aún no había sido remitida desde la Legislatura al Poder Ejecutivo. A continuación la explicación constitucional.




Aún habilitado con sus facultades como gobernador de la provincia, Daniel Peralta, vetó este jueves la ley, mediante la cual la semana pasada la Cámara de Diputados derogó el impuesto inmobiliario minero.

La posibilidad del veto había sido anticipada en exclusiva por TiempoSur, cuando tomó contacto con fuentes del Gobierno que se habían mostrado por demás interesadas en hacer conocer cuál era la posición del mandatario al respecto de la caída de una norma que fue impulsada por el propio Peralta, bajo la premisa de generar recursos aunque a costa de hacer tambalear la estabilidad fiscal de las empresas. El jueves, Peralta firmó el decreto 2.540, mediante el cual vetó la derogación. Pero sucede que ésta nunca había arribado a su despacho. Entonces, ¿qué se vetó?

TiempoSur consultó ayer a tres diputados del Frente para la Victoria y uno del PJ, quienes coincidieron plenamente en que en Diputados ni siquiera está todavía la versión taquigráfica de la sesión del cuatro de diciembre y que de forma estratégica, los legisladores habían esperado a que asumiera Alicia Kirchner para remitir la sanción al Poder Ejecutivo.

“No tengo conocimiento de que haya vetado la derogación porque no lo había comunicado la Cámara todavía y, a quien se iba a notificar, es a la gobernadora electa. No sé si esa vetado” dijo ayer Mauricio Gómez Bull, en diálogo con Tiempo FM.

El Artículo 106 de la Constitución Provincial dice que “sancionada una ley, se remitirá al Poder Ejecutivo para que la promulgue o la vete en todo o en parte, dentro de los diez y seis (16) días hábiles de su envío, reputándose promulgada si no se veta dentro del plazo previsto”. El 28 de noviembre, este diario publicó la “crónica de un final anunciado”, en la que develó las intenciones de los diputados de dar por tierra con el tributo peraltista creado por necesidad financiera y de la mano de Ariel Ivovich.

Tras la derogación del viernes pasado, el mandatario repudió a través de su cuenta de Twitter que era una “triste noticia”, siendo “una señal buena para las mineras y pésima para el pueblo de Santa Cruz, la renta minera tendría que estar fuera de discusión en este tiempo”.

“Se cometió a mi juicio un error. Si eso representa que van a florecer los emprendimientos mineros, vamos a triplicar la producción y vamos a tener 20 mil puestos de trabajo más, uno hasta por ahí vería con agrado la derogación pero derogar sobre tablas un impuesto que demoraron tanto en sacarlo que alguno se habrá sacado las ganas de derogarlo”.

“Recuerdo perfectamente en aquella discusión donde nos opusimos a ese impuesto porque entendíamos que se iba a dar un congelamiento en la actividad minera en la provincia y que muchos de los emprendimientos se iban a abandonar. Eso ocurrió, se cortó la exploración y muchos proyectos que podían darle trabajo a los santacruceños desaparecieron” dijo Gómez Bull, aclarando que el recurso “es de todos los santacruceños” y puede “generar ingresos y trabajo con este equipo y a través del Ministerio de la Producción y Fomicruz”.

Sobre esta última empresa, el parlamentario del FPV sostuvo que “tiene que tener una presencia mucho más fuerte y participación en absolutamente todos los emprendimientos mineros”, ya que actualmente sólo está en dos.

Así las cosas y, sin que el veto de Peralta tenga validez, la gobernadora Alicia Kirchner podrá dar de nuevo en la relación limada por el tributo entre el Gobierno y las mineras. Vale recordar que, en julio de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo prevalecer el “daño” que podría causarle a Tritón SA el pago del impuesto inmobiliario y exigieron al Ejecutivo “no reclamar” la deuda.

“La provincia de Santa Cruz deberá abstenerse de reclamar administrativa o judicialmente las sumas que se hubiesen devengado en concepto de impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, dice el fallo que el 30 de junio firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, en la causa “Minera Tritón Argentina S.A. e/ Santa Cruz, Provincia s/ medida cautelar”.

El precedente abrió la puerta a que todas las demás empresas, que también habían ido a la Justicia y que, en excepcionales casos, pagaron el impuesto bajo protesta, tuvieran también la venia del máximo estrado. El impuesto había surgido en 2013, luego de que meses antes, la Cámara de Diputados aprobara por ingeniería de Ariel Ivovich, la Ley de Fortalecimiento Financiero Provincial, que tenía por finalidad dotar al Ejecutivo de una herramienta más para la obtención de recursos para afrontar el déficit.

Fue cuando el gobernador Daniel Peralta y, el entonces jefe de Gabinete, encabezaban una ronda de negociaciones con las operadoras bajo la premisa de obtener divisas frescas en un marco de enfrentamiento político con el poder central. Desde el primer momento en el que se supo que se aprobaba el impuesto inmobiliario, que exigía a las empresas radicadas en la provincia tributar el 1% de sus reservas declaradas, las mineras amenazaron con recurrir a la Justicia.

Fuente: Tiempo Sur

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