
El Tribunal Superior de Justicia declaró admisible una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 2400/15 firmado por el exgobernador Jorge Sapag por el cual se creó un fideicomiso con las tierras fiscales de los departamentos Añelo y Pehuenches.
Se trata del primer paso para comenzar a analizar la demanda iniciada por el parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco y los diputados Pamela Mucci, Mariano Mansilla y Teresa Rioseco, quienes afirman que la norma violó artículos de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El fideicomiso, que por ahora no se instrumentó, iba a estar integrado por todas las tierras fiscales no municipales de la zona caliente de Vaca Muerta. Los ingresos que generaría por servidumbre iban a ser destinados a educación y, según Sapag, el fin último era proteger la tierra de posibles usurpaciones.
El tema fue duramente cuestionado en su momento por la oposición, y derivó en un pedido de inconstitucionalidad que ingresó en la Justicia a principios de año.
El TSJ utilizó un criterio diferente al que había planteado el fiscal subrogante Rómulo Patti, quien había recomendado declararlo inadmisible por considerar que la acción de inconstitucionalidad no era la vía adecuada para plantear la demanda. En cambio, afirmó que los decretos y reglamentos son susceptibles de control por la vía elegida, dado que tienen alcance general y abstracto.
“La mayor parte de su articulado se encuentra destinado a regular aspectos que hacen a la vida del fideicomiso, su vigencia y desarrollo posterior al acto de creación, la inversión de sus fondos, la concreción de la finalidad que lo guía, de manera tal que constituye un verdadero reglamento destinado a perdurar en el tiempo, un estatuto con vocación de permanencia que se incorpora al ordenamiento jurídico vigente”, fundamentó.
La norma fue firmada por Sapag días antes de finalizar su mandato. Creó un fideicomiso administrado por Fiduciaria Neuquina SA con las tierras fiscales de Añelo y Pehuenches, con el objetivo de destinar sus recursos a infraestructura escolar.
La gestión de Omar Gutiérrez, según trascendió, no lo habría hecho operativo.
Rioseco planteó que, tras la admisión de la demanda, se esperan “buenas noticias”. De todos modos, ya hicieron reserva en la Corte Suprema de Justicia porque “es un tema que excede la provincia de Neuquén porque pone en juego (los derechos de) los pueblos originarios violando la Constitución y poniendo fondos que son de la provincia en manos privadas. Esta es nuestra visión, hicimos la presentación y hoy estamos muy confiados que el decreto tiene que ser derogado”. (…)
Fuente: Diario Río Negro
368 lecturas | Ver más notas de la sección Actualidad