Las compañías, lideradas por YPF, Pan American Energy (PAE) y Shell, reclaman un aumento del 8% de los combustibles para recuperar terreno frente a la devaluación del tipo de cambio que, desde diciembre pasado hasta la fecha, fue de un 60%, mientras que los precios en surtidores se incrementaron sólo un 32%.

En rigor, Aranguren había prometido a las empresas que los últimos días de 2016 autorizaría un nuevo aumento de precios, pero la escalada inflacionaria, que este año superará los 40 puntos, llevó al Gobierno a volver sobre sus pasos y descartar nuevas subas de las naftas y el gas oil.

Sin embargo, las petroleras mantienen la expectativa de poder llegar a un acuerdo con el Gobierno y aumentar los precios, en especial YPF, el principal jugador del mercado de combustibles –con una participación cercana al 55%-, que precisa de una recomposición en surtidores para robustecer sus ingresos (el 60% de los ingresos netos de la empresa dependen de la venta de combustibles).

Desde Energía advirtieron a las petroleras que en caso que decidan aumentar los combustibles –en rigor, el marco regulatorio establece que la fijación de precios es libre y no puede estar determinada por el Gobierno- retirarán el subsidio al fuel oil que compra Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, para generar energía. El precio del fuel oil que hoy paga el Estado ronda los US$ 75 por tonelada, prácticamente el doble del precio internacional que flota entre los US$ 40/45.

El año pasado, durante la gestión del ex ministro Axel Kicillof, se fijó un precio especial para ese combustible, más alto que el precio internacional, a fin de garantizar la continuidad de inversiones en el segmento de exploración y producción. Ahora Aranguren advirtió que podría terminar con ese beneficio si alguna de las empresas se atreve mover los precios de sus pizarras.

Pese a la advertencia del Gobierno, la mayoría de las petroleras maneja un escenario en el que, más temprano que tarde, el subsidio al fuel oil para la compra en el mercado interno dejará de funcionar, dado que las compañías entienden que mantener un precio diferencial para garantizar la actividad en los yacimientos no forma parte de la matriz de pensamiento que guía las acciones del Gobierno.