La Corte sur de Nueva York se declaró competente en el juicio impulsado por el fondo buitre Burford Capital que había comprado los derechos supervivientes del Grupo Petersen después de que el gobierno de Cristina Fernández realizara la compra compulsiva del 51% del paquete accionario de YPF en manos de Repsol.

Ahora el Estado intentará en una instancia superior recuperar la competencia jurisdiccional argentina para atraer el litigio por unos 3000 millones de dólares a la Justicia local. Lamentablemente, y perdón por el pecado de sonar autorreferencial, en noviembre del 2012 adelantamos en el VII Congreso de Regulación Económica, reunido en Bogotá, que la parafernalia discursiva del gobierno enredaba la realizada del hecho jurídico trascendente. La compra del paquete accionario nos mantenía dentro de la jurisdicción de Wall Street. No fue magia, tampoco fue una nacionalización. Apenas una compra bursátil respetando las reglas del juego del gran mercado internacional de capitales. Como la decisión de Nésto Kirchner de saldar en efectivo la cuenta con el FMI, un discurso de altísimo voltaje pero un pésimo negocio financiero. Afirmación compleja de razonar en este momento, pero la historia dirá.

Esta historia ya puede juzgar la compra accionaria de YPF, sus dolorosos efectos políticos y sus resultados económicos. Mucho antes todavía, en 2002, el hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, alertaba sobre la peor herencia del menemismo: la prórroga internacional de jurisdicción de los Tratados de Protección Reciproca de Inversiones (conocidos como TPRI), firmados a destajo en los noventa, nos dejaba siempre en desventaja como a otros países no desarrollados. Estados poco soberanos.

La insistencia de Rosatti en su opinión, antes académica y al asumir la Procuración del Tesoro de la Nación, efectiva con Kircner y su salida de ese gobierno (previo paso fugaz por el Ministerio de Justicia) parecen tener nexo causal. Lejos de no renovar los TPRI o proyectar alternativas que nos protegieran de los tribunales tipo CIADI, los tres períodos del kirchnerismo se quedaron en el sistema, como se vio en YPF. Que Macri modifique esa posición sería inimaginable para su recorrido discursivo y su vocación de reinserción mundial. Cuenta con un crédito extra para defender su posición: el esquema de derecho global de las inversiones ha crecido a pasos agigantados, y el espacio de resistencia a obligar a someterse a la justicia local al capital internacional está prácticamente en desaparición. Nos queda debatir la potestad de regular el momento de cada operación digital en la red, y enarbolar la soberanía impositiva como una de la pocas armas reales y efectivas antiglobalización.