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La Corte de EE.UU. decide sobre un juicio multimillonario contra YPF

07/01/2019 | COMPAÑIA | Noticias Destacadas | 756 lecturas | 127 Votos



Es por la estatización de la petrolera encarada por Cristina. Un fondo buitre demanda 3 mil millones de dólares.




La Corte Suprema de los Estados Unidos dará a conocer en forma inminente un fallo sobre la expropiación de YPF durante la época del kirchnerismo.

En el caso de recibir una sentencia adversa, el juicio de fondo por un monto estimado en US$ 3.000 millones comenzaría en un tribunal inferior estadounidense y podría iniciarse la apertura de un proceso de Discovery, o sea la presentación de pruebas en la que el Gobierno podría intentar demostrar que hubo corrupción en la venta de acciones de la petrolera.

La Corte debería publicar hoy lunes el fallo del caso, pero dado el volumen de expedientes también podría hacerlo el viernes, el próximo día de reunión del tribunal. Lo que debe decidir no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en EE.UU. o trasladarse a Buenos Aires, como reclama el Gobierno.

La estrategia oficial es llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.
El tema ya había recibido dos fallos adversos para la Argentina en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense que debe resolver entre tres opciones: si acepta tratar la apelación, si la rechaza o si pide la opinión de un “solicitor”, que en este caso sería la administración de Estados Unidos.

La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales. Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

La opción que parece más probable, según las fuentes consultadas por Clarín, es que la Argentina reciba estos días un rechazo del Tribunal, aunque ven con esperanzas de que puedan llegar a conseguir que la administración estadounidense plantee su opinión. Igualmente, el Gobierno está evaluando varias estrategias para un posible revés.

Definida la jurisdicción en EE.UU.

el caso comenzaría de cero en el juzgado neoyorquino de Loretta Preska y su resolución podría demorar varios años. “Hay que contestar la demanda y continuar con todas las etapas procesales de un juicio ordinario en EE.UU., que podría implicar la apertura de un Discovery”, que es un proceso donde se presentan pruebas, dijeron fuentes cercanas al caso a esta corresponsal. “Estamos preparados”, aseguran, y dicen, sin revelar el juego, que se barajan varias alternativas.

Con el Discovery, la justicia estadounidense podría echar luz a cómo fue el pasaje desde la YPF privada hasta las manos de los buitres. Es una historia con puntos oscuros que ya analiza un tribunal argentino con el juez Lijo a la cabeza por una denuncia de Elisa Carrió contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Antonio Brufau de Repsol y Enrique y Sebastián Eskenazi.
Según apuntó a Clarín un abogado de Washington experto en temas de corrupción, el juez puede abrir el Discovery si alguna de las partes lo solicita.

“Es un caso comercial y ahí rige la petición de parte. No es de interés público y entonces el juez no está obligado a pedirlas”. Si el Gobierno solicitara esa instancia, podría presentar pruebas que apuntarían a develar la verdadera identidad de los dueños del fondo Burford ya que parte de sus accionistas permanecen ocultos y se sospecha de que pueden estar vinculados al kirchnerismo.

El abogado dice que el tema de los dueños puede no ser relevante para la jueza. Para EE.UU. el problema es “si indemnizó legalmente por la expropiación a todos los accionistas de YPF de aquél entonces”.

Aquellos tiempos. Scioli, Galuccio y Cristina durante una inauguración de una planta de la petrolera.

MANIOBRAS DETRÁS DE LA ESTATIZACIÓN DE YPF ○ El juicio contra el Estado es de cuando Kirchner buscó otro 10% de acciones. Los Eskenazi armaron un par de empresas en España y a los días consiguieron un crédito del Credit Suisse, banco donde se sospecha fueron los US$ 600 millones de Santa Cruz.

Se trata de un reclamo por un total de US$ 3.000 millones que inició el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. El Gobierno busca trasladar el litigio a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina.

○ Como parte de la estrategia, la Procuración del Tesoro -que representa al Estado nacional- plantea un procedimiento conocido como “Discovery process”, por el cual instaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización de la petrolera.

○ El grupo Petersen llegó a tener 25% de YPF. Arrancó con 15%.

○ En marzo de 2008 y a instancias de Néstor Kirchner, los Eskenazi compraron primero un 15% de YPF por US$ 2.235 millones. Más de la mitad se la prestó la propia Repsol.

El resto, un club de bancos. Y lo devolvieron con las utilidades de la misma YPF. A cambio, obtuvo dos privilegios: precios para garantizar utilidades y giros sin trabas a Madrid, algo vedado para el resto.

Cuando Kirchner buscó que los Eskenazi crecieran con otro 10% de acciones en YPF, la familia armó un par de empresas en España.

Fue en marzo de 2011. Y a los pocos días consiguió un crédito del Credit Suisse, banco donde algunos suponen fueron a parar los US$ 600 millones de Santa Cruz.

Fuente: Clarín

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