El escrito se presentó el día después de que la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska les aclarara a los letrados que esperará a que la definición de la causa por la reestatización de YPF vuelva a su juzgado.

La cuestión de fondo se encuentra frenada por la vigencia de un stay que dictó el año pasado la Corte Suprema de EE.UU., hasta que haya definición sobre la jurisdicción en donde debe continuar el caso.

Mientras el fondo británico Burford asegura que se tiene que juzgar en los EE.UU., la Argentina e YPF sostienen que la estatización fue una decisión soberana, que incumbe solamente a la Justicia local. Otra opción es que se defina una resolución en España, donde Burford compró la quiebra de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

En el primer movimiento de la causa en largos meses, Burford había obtenido la semana pasada la instrucción de la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que el juicio siguiera su curso, aunque no haya certezas sobre la jurisdicción en la que se va a terminar resolviendo el asunto de fondo.

Preska, que tomó los casos del fallecido juez Thomas Griesa, aclaró el lunes que las sociedades litigantes Petersen Energía y Petersen Energía Inversora ya no tienen que ver con la familia Eskenazi.

Según pudo saber este diario, en la petrolera estatal se muestran confiados de que les asiste la razón y el caso seguirá trabado por un tiempo más en los Estados Unidos para después definirse en la Argentina.

Una eventual sentencia en contra significaría para el país un agujero fiscal enorme. Por caso, el Gobierno dividió en 30 cuotas el pago de u$s 1583 millones a un conjunto de petroleras por el Plan Gas. El fluido fue producido en 2017 y las empresas lo terminarán de cobrar recién en junio de 2021.

Los subsidios a la energía se calcularon para 2019 en u$s 5000 millones. Afrontar un pago de u$s 3000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012 representará un duro desafío para el Gobierno.