
La misiva fue dirigida a varios de los fondos de inversión y a la propia de la Opic, Overseas Private Investment Corporation (Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero), una institución financiera de EE.UU. que apoya proyectos en el exterior. Entre los firmantes figuran Kamala Harris, Bernie Sanders y Cory Booker.
También Jeffrey Merkley, Edward Markey y Chris Van Hollen, que son tres de los senadores poderosos del país del Norte. El temor de la industria es que logren frenar fondos destinados a una explotación que requiere al menos unos US$4.000 millones al año. Y están quienes sospechan de los propios petroleros de EE.UU. que “observan en Vaca Muerta una fuerte competencia”, deslizó un CEO escudado en el off the record.
La reglamentación de la ley de la economía del conocimiento alegró a la industria del software y de la innovación pero dejó indignada a la agroindustria. Según se sostiene, la norma restringe la posibilidad de que las empresas agropecuarias puedan acceder a los beneficios.
El “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” dispone que las empresas podrán pagar apenas 15% de impuesto a las Ganancias y contar con una menor carga de aportes patronales hasta el 2029. Para poder acceder se debe contar con una “norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos” (como puede ser el caso de IRAM o ISO), dedicar al menos un 3% de la facturación total a Investigación y Desarrollo y un 8% de la masa salarial total en capacitación a los empleados, además de acreditar que un 13% de la facturación total se origina en exportaciones.
Pero el decreto reglamentario establece que el cómputo de la masa salarial bruta no considerará a los trabajadores comprendidos en el régimen de Trabajo Agrario (Ley Nº 26.727). Tampoco permite esa posibilidad para trabajadores de empresas panaderas, turísticas, gastronómicas y de la construcción. (...)
Fuente: Clarín
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