
Argentina le pidió a Loretta Preska tiempo para poder diagramar una nueva estrategia en el juicio por el caso sobre la reestatización de YPF. El reclamo del gobierno de Alberto Fernández, a través de la procuración del Tesoro de Carlos Zannini, llegó al segundo juzgado Sur de la ciudad de Nueva York la semana pasada; y le pide a la jueza el otorgamiento de un plazo de al menos un mes para presentar un escrito en contestación al que el litigante, el fondo Burford, planteó el 8 de diciembre pasado, a dos días de la asunción del nuevo gobierno.
En esa presentación, Burford radicalizaba su posición contra el país a través de un paper de 44 páginas, destinado a justificar y reclamarle a la jueza que mantenga la causa en los Estados Unidos y rechace el pedido de los abogados que representan al país para que el caso se mude a Buenos Aires. Esta había sido la estrategia del gobierno de Mauricio Macri, junto con el intento de descalificar ética y moralmente a Burford como demandante. El anterior gobierno planteaba la potencial existencia de hechos de corrupción en el momento del ingreso de accionistas privados en la petrolera, y la necesidad de avanzar en el juicio en Buenos Aires para dirimir esta posibilidad.
El 8 de diciembre, Burford contraatacó afirmando que toda la causa debe desarrollarse donde nació la obligación de cumplir con los accionistas que no fueron compensados (el 45% de los tenedores) y donde cotizan las acciones de la petrolera (Wall Street), además de embestir durísimamente contra el gobierno de Macri (al que describe como administrador de años “de inutilidad”, con la misma saña que contra la gestión de Cristina de Kirchner).
En el medio del escrito, también pone la mira en las posibles decisiones que tome Alberto Fernández, descartando que defenderá la posición de la expresidenta. Burford habla también de investigaciones penales y criminales que le estarían haciendo al fondo en la Argentina, y llega al extremo de asegurar que los propietarios y accionistas del fondo, incluyendo sus familiares, no pueden visitar la Argentina por miedo a su seguridad.
Argentina debía contestar a Burford antes que termine el 2019. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández decidió reclamarle más tiempo a la jueza, para analizar el caso nuevamente ante el cambio de gestión. Preska ya le había aceptado a la Argentina en septiembre pasado la posibilidad de suspender la causa hasta que pasaran las elecciones presidenciales en el país, y se definiera un próximo Gobierno.
Habilitó además al demandante a poder presentar su escrito de defensa durante la primera semana de diciembre, lo que Burford cumplió en tiempo y forma; y Preska otorgó plazo hasta el 6 de enero para que el país conteste. Ahora la Argentina pidió la postergación para reagrupar fuerzas y diseñar una nueva estrategia defensiva. La decisión es ahora de la jueza. (...)
Fuente: Ambito Financiero
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