Con la inclusión de un listado en la flamante Ley de Presupuesto 2021, el Congreso habilitaría dos importantes inversiones para el transporte de gas, destinándole a ambas el equivalente a US$1000 millones en el próximo ejercicio. Una es la finalización del Gasoducto del Noreste, obra controvertida en su origen, ejecución y destino. 

La otra sería un gran ducto para exportar gas a Brasil desde Vaca Muerta, ciclópeo emprendimiento que activó a la Cancillería, mientras inversores chinos lo miran con codicia. La historia presupuestaria local muestra que las proyecciones pueden resultar sólo una declaración de intenciones, en particular si aún no cuentan con el aval formal de la Secretaría de Energía. En cualquier caso, muestran la intención política de fogonear las obras.

A instancias del oficialismo, al darle media sanción a la ley alumbrada el martes 17, Diputados reservó 40.000 millones de pesos para concluir el Gasoducto del Noreste, equivalente a unos 435 millones de dólares (al tipo de cambio oficial de 92,75 pesos por dólar), y otros 50.000 millones para un ducto que lleve el gas de Neuquén a Porto Alegre por Uruguayana.

Unos 539 millones de dólares adicionales.

El Senado también avaló una extensa planilla de gastos extra liderada por los energéticos, que fue y vino de una cámara a otra porque, en la primera sanción de la ley, por un error formal se omitió ese detalle completo.

Tal como consignaron expresamente los legisladores, no se podrá aumentar el nivel de gastos total que había estimado el Ejecutivo. Eso obligará a la Jefatura de Gabinete a reasignar fondos, recortando de algún otro lugar para concretar aquellas iniciativas.

Lo mismo para pagar subsidios a los productores del Plan Gas 4, entre otras erogaciones agregadas que hizo el Congreso. Duro desafío económico y político para la administración de Alberto Fernández.

El GNEA es una enorme y lenta obra inconclusa, parcialmente operativa bajo la órbita de Transportadora de Gas del Norte, TGN, sociedad liderada por el grupo Techint. Fue concebida para incrementar las importaciones desde Bolivia e impulsada por el decreto 267 del 2007, pero los trabajos se iniciaron recién en 2014 y resultaron paralizados en 2018, tanto por la escasez de fondos como por las dudas de la gestión de Mauricio Macri de avanzar en un emprendimiento formalmente objetado por la Sindicatura General de la Nación.

La Sigen alertó sobre la falta de antecedentes de algunos contratistas, la adjudicación a empresas que cotizaron por arriba de los topes oficiales y la falta de análisis previos que justificaran una obra cuyo valor se había estimado en US$1.300 millones que ya insumió más de US$2.300, sin que esté terminado el trecho salteño, nexo con Bolivia. (...)