El tipo de cambio y la evolución de las reservas también mandan en el diseño del proyecto de ley reiteradamente prometido por Alberto Fernández para promover las inversiones en hidrocarburos con el anzuelo de disponer libremente de las divisas. A través de la secretaría de Energía, el Gobierno está tomando decisiones estratégicas que sujetan la evolución de los combustibles y el empuje oficial a las inversiones a la suerte de la macroeconomía más que a una cosmovisión político partidaria. Fuentes oficiales aseguran que no hay voluntad de ningún ajuste adicional en las naftas a los que se derive del tipo de cambio. Esto significa que si el dólar oficial se mantuviera estable en los próximos meses, el precio de las naftas también lo haría, salvo por el aumento trimestral por inflación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. 

Los combustibles fueron uno de los precios más dinámicos en los últimos meses, con varios incrementos que se produjeron por ese gravamen y, básicamente, por el aumento en el precio de los biocombustibles, que obligatoriamente tienen que usar las refinadoras para “cortar” las naftas y el gasoil. Pero esas subas no reflejaron una variación en el precio del petróleo que se refinó para fabricarlos. Hoy en Argentina el petróleo se paga alrededor de 51 dólares contra 66 del mercado internacional. El razonamiento económico para sostener la internacionalización de este precio (y, por lo tanto, su valor en dólares) es que para que las productoras abastezcan el mercado interno, éste le tiene que remunerar tanto como si lo vendieran al exterior. Esquema teórico que aplica a otros bienes. 

A diferencia de los servicios regulados de luz y gas, los precios de los combustibles son formalmente libres y el Estado no interviene activamente en su fijación. Esta imposibilidad de imponer una tarifa con una norma escrita hace que el Estado apele a otras herramientas indirectas como las retenciones, que recortan la renta del que exporta, o la suba o baja de los impuestos que forman parte del precio en surtidor. Las exportaciones de petróleo están gravadas con un 8% y para superar ese tope se necesita una ley. 

El ICL es un valor fijo y tampoco tiene la flexibilidad de una herramienta que permita rápidamente cambiar los precios internos según oscilan en el mundo. En realidad, la libertad de precios en la nafta es una pauta de cumplimiento relativo, ya que la suerte de los surtidores depende de acuerdos entre las empresas del sector, apañados por el Gobierno. Así surgieron las diversas formas de “barril criollo”, acuerdos por los cuales el petróleo vale en el país distinto a lo que vale en el mundo. A veces más. Otras, menos. 

La secretaría de Energía esta vez no quiere intervenir de un modo explícito. Por eso se negó a apadrinar un acuerdo propiciado por YPF para que las empresas que venden petróleo (Tecpetrol y Pluspetrol, por ej.) y las que compran (Raizen y Trafigura, por ej.) acuerden ese precio, en este momento, ajeno al mundo. Si se toman las previsiones contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional 2021 la nafta debería subir, a lo sumo, un 12% en lo que resta del año por este concepto, ya que el tipo de cambio para 2021 está previsto en $102,4 por unidad, contra los 90 actuales.