Los inversores argentinos acusan a la empresa brasile帽a de manipular sus libros contables y generar as铆 un fraude contra aquellos que compraron las acciones de la compa帽铆a. Lo curioso es que el fallo de primera instancia dictamin贸 que Petrobras no es punible en la Argentina porque, seg煤n la sentencia, no se puede someter a juicio a un estado soberano, dando a entender que la empresa, que tiene accionistas privados, es un ente p煤blico. 

La causa de la demanda excede a la Argentina. En 2018, la petrolera brasile帽a admiti贸 haber manipulado sus balances, luego de que se descubrieran sobornos y sobreprecios en los casos denominados Petrolao y Lava Jato. En ese entonces, lleg贸 a un acuerdo econ贸mico con la Comisi贸n de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en ingl茅s), el regulador del mercado de valores en Estados Unidos. La sanci贸n equivali贸 a US$1786 millones. Seg煤n el informe de la SEC, altos ejecutivos de Petrobras pactaron con contratistas y proveedores para inflar en 鈥渕iles de millones de d贸lares鈥� el costo de proyectos de infraestructura de la empresa. 鈥淟as compa帽铆as que ejecutaban esos proyectos pagaron miles de millones en sobornos a los ejecutivos de Petrobras, que compartieron los pagos ilegales con pol铆ticos brasile帽os que les hab铆an ayudado a obtener sus altos cargos en Petrobras鈥�, hab铆a dicho el ente regulador en un comunicado. 

En la Argentina, un grupo de inversores se uni贸 para demandar a la petrolera, que en ese entonces cotizaba tambi茅n en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (en 2019 se fue del mercado local). Sin embargo, en el fallo de primera instancia, el juez Pablo Yadarola resolvi贸 que Petrobras no es judiciable en el pa铆s en virtud a la aplicaci贸n de la ley 24.488, que dice que no se puede someter a juicio a un estado soberano. 

El 36,75% de Petrobras est谩 en manos del estado de Brasil (28,67% del gobierno y 8,08% del banco de inversi贸n estatal). El resto cotiza en la bolsa de Brasil y en Nueva York. YPF, por caso, tiene al Estado argentino como principal accionista con el 51% de participaci贸n, pero igualmente se la considera una empresa privada y debe regirse bajo las normas del derecho privado. Seg煤n un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires realizado en 2016, el prejuicio para los inversores locales supera los US$730 millones, que equivalen a la p茅rdida de valor que tuvo la empresa producto del esc谩ndalo Petrolao o Lava Jato. Osvaldo Prato, representante de Consumidores Financieros Asociaci贸n Civil para su Defensa, indic贸 en un comunicado que 鈥渞esulta extra帽o que un juez diga que una empresa que cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires, que absorbi贸 dinero de los ciudadanos argentinos con informaci贸n falsa y defraud贸 a los mismos, no est谩 sujeta a la ley argentina鈥�.(...)