La reciente emergencia sanitaria de los indios yanomami brasileños, afectados por la desnutrición y la contaminación por el mercurio, además de ser constantemente amenazados por los mineros ilegales, ha puesto bajo la mirada del mundo el drama que viven los nueve países en los que se extiende la selva amazónica, es decir Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Surinam, Guyana y Guyana Francesa.

Aunque los problemas son casi siempre los mismos, los gobiernos implicados llevan al menos una década sin presentar un frente unido, compartir una estrategia única y comparar sus experiencias. Ni siquiera los anteriores mandatos de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), que también hicieron de la Amazonia su bandera política, consiguieron tener un impacto en la gestión global del pulmón verde del planeta.

El resultado es que cada uno de estos nueve países, dependiendo también del oportunismo de su propia agenda política, aborda la cuestión de la minería ilegal a su manera, a menudo incluso ignorándola, como es flagrantemente evidente en Venezuela, cuyo régimen está expoliando los recursos del Arco Minero del Orinoco.

Brasil, con sus 5 millones de kilómetros cuadrados de Amazonia, que corresponden al 59% de todo el territorio nacional, tiene mucho que reconstruir tras el desmantelamiento de las instituciones de control en la floresta perpetrado por el gobierno de Bolsonaro.

Pero a pesar de la mediatización de la crisis yanomami, el camino parece ahora cada vez más cuesta arriba para combatir la minería ilegal, porque detrás de la explotación del oro se esconde la sombra negra del crimen organizado, contra el que es necesaria una estrategia de impacto para eliminar el problema de raíz.

Ayer salió la noticia de una importante operación de la Policía Federal en el estado de Amazonia que incautó cerca de 2.000 millones de reales, unos 384 millones de dólares, a una red criminal que falsificaba los recibos fiscales de los vendedores de oro, transformándolo de ilegal a legal. La trama delictiva permitió el contrabando de por lo menos 13 toneladas de oro a Italia, Suiza, China y Emiratos �rabes Unidos. Pero la gran papa caliente ahora para el gobierno de Lula es cómo manejar el problema de los mineros, conocidos como “garimpeiros�.