Por eso, tras el acuerdo de precios anunciado el 17 de agosto, las refinadoras empezaron a cuotificar la entrega de combustibles a su red de operadores. El objetivo es evitar o al menos contener el cruce de canales de comercialización.

El gobierno acordó el 17 de agosto que el aumento de los combustibles realizado hace dos semanas —se informó una suba promedio del 12,5% en las estaciones de servicio, aunque en algunas regiones del interior el alza fue mayor— será el último hasta el 1 de noviembre. El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó la medida como un congelamiento en los surtidores en un intento tardío para intentar anclar las expectativas inflacionarias tras la devaluación del tipo de cambio oficial anunciado el lunes post-PASO.

Ese mismo lunes 14 de agosto, la mayoría de las refinadoras (con la excepción de YPF) ya había incrementado un 25% el precio mayorista del gasoil —en los hechos, el que opera de forma desregulada— luego de que el gobierno aplicará una suba del 22% en el tipo de cambio oficial. Tres días más tarde, el área energética del gobierno dio a conocer el acuerdo verbal entre productores y refinadores que derivó en la suba del 12,5% de las pizarras de las estaciones minoristas. 

Pero, como la suba en el retail fue inferior que la aplicada en el segmento mayorista, canal donde compran productores agropecuarios y clientes industriales, lo que ocurre hoy es que, contra toda lógica económica, el importe minorista del gasoil es más barato que el mayorista. No es la primera vez que sucede. Algo similar, aunque con características mucho más complejas de administrar, ocurrió a principios de 2022 con la crisis del gasoil, que provocó un faltante en varios puntos del país.