Los senadores del norte del país buscarán la creación de una ley que permita a los ciudadanos de las zonas cálidas utilizar el servicio eléctrico sin pagar enormes montos.

Mientras el clima exige al límite la infraestructura energética de la Argentina, que -como advirtió el propio secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo-, está “al borde del colapso”, el Gobierno demora la publicación de los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de gas y electricidad. La expectativa era que esos datos se publicaran la semana que pasó, pero se conocerán en los próximas días o incluso semanas.

La demora es porque el Gobierno debe convocar a una nueva Audiencia Pública para cumplir con las exigencias del decreto 332, la “segmentación tarifaria” que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, pergeñó en 2022, pero no llegó a aplicar, cosa que hizo parcialmente su sucesor, Sergio Massa, durante 2023.

Lo que se busca es evitar la judicialización de los aumentos, como le sucedió en 2016 al gobierno de Mauricio Macri. Sucede, explicaron desde la cartera energética, que el decreto 332 obliga a una nueva audiencia porque entre sus disposiciones precisa que la suba del precio estacional no puede superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los usuarios N2 (ingresos bajos) ni el 80% del CVS para los usuarios N3 (ingresos medios).

Para cambiar el esquema de segmentación y disponer el nuevo sistema, a partir una “Canasta Energética Básica”, el Gobierno necesita, tras la Audiencia Pública, publicar el decreto y entonces sí, a través de los entes reguladores, anunciar los cuadros tarifarios.

El mantenimiento de las tarifas actuales es absolutamente inviable, por una simple cuestión presupuestaria. En los últimos 14 años, como surge de los datos del siguiente gráfico de un informe de la consultora Economía & Energía, la Argentina gastó el equivalente a más de USD 141.000 millones en concepto de subsidios energéticos, por más del 25% del PBI.(...)