El Ministerio de Economía sigue acumulando notas de reclamo del sector energético por deudas del Estado sin cobrar. En este caso, no se trata de las generadoras eléctricas y las productoras de gas, a las cuales el Estado les debe al menos $600.000 millones, sino de las distribuidoras y subdistribuidoras de gas. El Tesoro les dejó de girar el dinero que les corresponde por el reintegro del régimen Zona Fría, que subsidia entre 30% y 50% del total de las boletas de gas de los hogares en localidades con condiciones climáticas que necesitan más calefacción. 

En 2021, a través de una iniciativa del diputado Máximo Kirchner, se extendió el alcance del impuesto a más localidades por fuera de la región patagónica, Puna y Malargüe, y quedaron alcanzadas Mar del Plata y Rosario, entre otras ciudades.

Cada usuario residencial, comercial e industrial puede ver el impuesto en su boleta con el nombre FDO ART. 75 Ley 25.565, que tiene una tasa de recargo de 5,6% en promedio sobre el precio del gas natural en boca de pozo (PIST). La recaudación de este tributo se destina al fondo fiduciario que está depositado en el Banco Nación. Hasta febrero, la Secretaría de Energía administraba ese dinero para financiar el subsidio Zona Fría.

Desde marzo, sin embargo, luego de la publicación del decreto 215/2024, que cedió el control de todos los fondos fiduciarios integrados por bienes del Estado al Ministerio de Economía, el fondo está inactivo: sigue recibiendo aportes, pero frenó completamente el pago a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras.

La Secretaría de Energía dijo ayer que ya se había emitido la orden de pago por los meses de enero y febrero, que suman $4273 millones. En los siguientes días se giraría el dinero de marzo, mientras que para el de abril todavía faltan 15 días para que venza (se reintegra a los 60 días de mes finalizado).

Estas compañías, entre las que se encuentra Camuzzi, Naturgy y 40 subdistribuidoras, se hacen cargo del subsidio a los usuarios que viven en zonas frías y luego reciben los fondos del Estado. Para ello, las distribuidoras envían al Enargas el detalle con los volúmenes vendidos, y este hace la fiscalización y lo remite al Ministerio de Economía para que destrabe los pagos. "Esta situación te quita certidumbre de caja porque no se reciben los pagos en tiempo y forma. Además, los aumentos de tarifa se pusieron en tela de juicio, lo que obliga a tener una administración financiera más puntillosa", dijeron en una de las empresas.