Las partes ya habían acordado la semana pasada la apertura de las comunicaciones de 12 funcionarios de segunda línea de la gestión de Javier Milei y Alberto Fernández.

Pero los beneficiarios del fallo patearon el tablero el lunes y pidieron a la jueza Loretta Preska incluir otros 14 nombres, entre ellos los Caputo, lo que acrecentó las tensiones con los fondos que buscan acelerar el cobro de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La medida solicitada se enmarca en el "discovery" autorizado en febrero para buscar información desde el 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo ("alter ego", en términos más técnicos) que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la bolsa de Buenos Aires como en Nueva York. El objetivo es acceder a activos argentinos.

Según la presentación de los litigantes en medio del proceso de apelaciones, "la República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)".

Para los demandantes, "el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales".

Y si bien el Gobierno ofreció revisar sólo las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que "no son suficientes".(...)