“Las empresas tienen que ser privadas, salvo que haya una justificación clara para que sean públicas”. La reflexión, que corresponde a Julián Gadano, abrió el debate sobre la privatización de las firmas energéticas que tiene en carpeta el gobierno de Javier Milei, tal como admitió la secretaria de Energía, María Tettamanti, en la última edición del Energy Day.

En el cuarto episodio de Dínamo, espacio audiovisual que lleva adelante EconoJournal en busca de abrir la discusión sobre temas fundamentales del sector energético, el ex subsecretario de Energía Nuclear de la Nación señaló que “los recursos del Estado no deberían provenir de la realización de negocios, sino del cobro de impuestos. Ahora bien, si hay empresas públicas tampoco corresponde sacárselas de encima”.

En el caso de la Argentina, particularizó Gadano, la capacidad estatal para gestionar una firma pública es dudosa, limitada. “A nuestro Estado le cuesta mucho controlar a sus empresas, monitorear su funcionamiento e imponerles una agenda. Pero eso no significa que haya que liquidar activos que pueden ser muy valiosos en el mercado”, remarcó. 

El proceso de privatización, prosiguió, debería darse bajo determinados niveles de competencia e institucionalidad. “En ese contexto, podría empezarse por las ventas más sencillas de efectuar. Por ejemplo, la de la participación estatal en Transener. A mi entender, sería deseable priorizar el formato de concesión”, opinó. 

Vale aclarar que la discusión sobre la salida accionaria de Citelec, la controlante de Transener, no es nueva, sino que lleva largo años. No menos controvertida es la decisión que el Estado debería tomar sobre Dioxitek, cuyo proyecto de ampliación se encuentra demorado.