El documento debía publicarse oficialmente la semana pasada, pero se demoró unos días para cerrar una última cuestión , no menor. Si bien las provincias donde están emplazadas las centrales hidroeléctricas —Neuquén y Río Negro— no participaron activamente de la redacción del pliego ni del diseño del modelo de negocios sobre el que serán re-concesionados los activos , a mediados de abril el Gobierno nacional abrió un espacio de negociación con los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck con la intención de facilitar políticamente el proceso de privatización. 

En las Legislaturas de ambas provincias existen proyectos de Ley presentados que podrían entorpecer o afectar el concurso público que se pondrá en marcha en las próximas semanas. El más polémico es el que propone gravar el uso del agua con un canon hídrico . Para despejar el terreno político y desactivar cualquier riesgos regulatorio vinculado a la re-privatización, funcionarios del área energética del gobierno negocian con sus pares de Neuquén y Río Negro un esquema diferencial por medio del cual las provincias podrán cobrar en ‘especie’ las regalías hidroeléctricas que les corresponden, que están fijadas en un 12% del precio de venta de la energía generada en las represas del Comahue. Así lo aseguraron a EconoJournal tres fuentes privadas sin contacto entre sí. 

El complejo hidroeléctrico está conformados por Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito (que conforman un tándem), Alicurá y Planicie Banderita . En conjunto, las centrales aportan 4.107 megawatt (MW) de potencia, un 13% del parque de generación total de la Argentina. Las concesiones de las cinco centrales de generación —privatizadas por primera vez en los ’90— expiró en el segundo semestre de 2024. 

El marco legal estableció que las represas debían revertirse al Estado nacional, que es el titular de los activos porque fue quien costeó su construcción entre 1965 y 1990 y quien manejará la licitación para re-privatizarlas. Sin embargo, las provincias son las dueñas del recurso hídrico y tienen algunas facultades regulatorias sobre las represas, por lo que es clave que avalen políticamente la iniciativa diseñada por la Casa Rosada. Planteo lógico El planteo de las dos gobernaciones es que las provincias se verá perjudicadas por el modelo de negocios elegido por Nación para re-privartizar las centrales hidroeléctricas, que fue adelantado por este medio hace dos semanas y, a groso modo, establecerá un precio mucho más bajo para la energía producida en complejo hidroeléctrico de la Patagonia —cerca de 15 dólares por megawatt por hora (MWh)— en lugar de permitir que la energía se comercialice a precio libre de mercado, que hoy ronda los 60 US$/MWh. (...)