Los tiempos se aceleran y la petrolera de mayoría estatal tendrá un lunes de definiciones.

Es que, por un lado, vence el plazo original de 14 días dictado por la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, para que el Estado argentino entregue sus acciones de YPF, el 51% del total.

Este mismo lunes, la jueza deberá además definir si acepta el pedido de Argentina de suspender su decisión, es decir, la entrega de las acciones, mientras que el país apela la orden de ceder las acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park.

Si la suspende, los fondos no podrán avanzar sobre los activos que reclama en la medida que se mantenga la apelación.

Mientras tanto, el martes, una vez vencido el plazo original para la ejecución de la sentencia, las partes se encontrarán, convocadas por la magistrada.

El objetivo es que Argentina exponga su postura mientras que los beneficiarios del fallo analizan avanzar sobre activos de otras compañías con participación estatal, como ARSAT, Enarsa e incluso el Banco Central.

Preska solicitó que se desarrolle un procedimiento dediscovery. El objetivo es poder detectar cuales son los activos disponibles.

Conocedores del caso sostienen que Argentina no tiene una cantidad de activos que alcancen a equiparar lo solicitado por los beneficiarios.

Maril analizó que, de concederse la suspensión del fallo mientras se apela, se pida que Argentina ponga una garantía, pero que el país no ofrecería ningún activo.

Un escenario similar se dio el año pasado, cuando el país tenía tiempo hasta enero de 2024 para depositar una garantía yevitar que se avance sobre la compañía, cosa que no ocurrió.

Argentina además ya advirtió que analiza ir hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, haciendo valer su buen vínculo con ese país, para evitar un fallo que considera un "daño irreparable".

El Gobierno de ese país ya se manifestó en favor de evitar embargos a la empresa.

La apelación que concretó Argentina el jueves pasado amplia a cuatro las apelaciones que el país mantiene en el marco de la misma causa, advirtió el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. 

Una es por la sentencia que estableció que Argentina deberá pagar u$s 16.000 millones por la estatización a los fondos que compraron el derecho a litigar. Otra es por un pedido de desestimar el caso, y las dos nuevas son por la decisión de Preska de ceder las acciones a Burford y Eton, así como a Bainbridge, un fondo que entró a la demanda por la ventana y pidió que se le aplique el mismo beneficio que a los otros dos demandantes.