Si bien figuras de peso del sector energético, como el CEO de Vista, Miguel Galuccio, negaron los últimos días que el resultado electoral afecte los desarrollos de Vaca Muerta, la realidad es que el escrutinio fue seguido de cerca por todas las casas matrices, y que además de la volatilidad que genera un comicio de medio término, para las empresas lo más fuerte en pugna era otra cosa: la estabilidad regulatoria.

Desde las grandes jugadoras del sector, como es YPF, su CEO Horacio Marín, suele repetir que los proyectos energéticos en general y de Vaca Muerta en particular, son “de largo plazo”, indicando así que no dependen netamente de un resultado electoral.

Pero los grandes proyectos en marcha que hoy ponen a Vaca Muerta y a la energía argentina en el escenario mundial, como la exportación de gas natural licuado (GNL) y el puerto petrolero rionegrino VAMOS, sí dependen de un factor local, y es del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de beneficios fiscales y regulatorios de 30 años.

Si bien el RIGI es una ley, los antecedentes argentinos de contramarchas e incumplimientos no son pocos y eso es lo que más allá de la cotización del dólar siguió en las casas centrales de las petroleras extranjeras.

Pero no todo en el sector energético gira en torno a las exportaciones y es allí en donde el triunfo del partido del presidente Javier Milei encuentra un respaldo legislativo para avanzar hacia más cambios.

En la hoja de ruta está la privatización de Nucleoeléctrica, empresa que controla las centrales nucleares, y, con un impacto más directo en los hogares, la continuidad de la quita de subsidios y con ellos el aumento de tarifas.

Vaca Muerta requiere inversiones por más de 10.000 millones de dólares anuales que difícilmente podrían conseguirse en un contexto, por ejemplo, de cepo cambiario.

El resultado de las elecciones no tardó en evidenciarse en la cotización de las acciones de las empresas de energía en Estados Unidos.