En medio de versiones sobre el futuro del mayor litigio que enfrenta la Argentina en el exterior, el Gobierno fij贸 en el fin de a帽o una posici贸n clara sobre el juicio por la expropiaci贸n de YPF. Desde la Procuraci贸n del Tesoro de la Naci贸n rechazaron de manera categ贸rica que el pa铆s se encuentre en desacato ante los tribunales de Nueva York y aseguraron que la defensa act煤a 鈥渃onforme al derecho y dentro de los m谩rgenes que impone la ley鈥�.

El pronunciamiento oficial apunta a despejar las interpretaciones que surgieron luego de que la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en el marco de la causa que impulsan Burford Capital y Eton Park, el fondo que financia la demanda contra el Estado argentino. Seg煤n la visi贸n del Gobierno, esas lecturas no solo son err贸neas, sino que carecen de sustento jur铆dico.

鈥淟a Rep煤blica Argentina est谩 cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes鈥�, se帽alaron fuentes de la Procuraci贸n del Tesoro, y remarcaron que hablar de desacato 鈥渆s absolutamente falso y especulativo鈥�. En ese sentido, explicaron que el cronograma fijado a partir del 15 de enero establece un intercambio de escritos entre las partes y que cualquier definici贸n quedar谩 exclusivamente sujeta a la evaluaci贸n del tribunal.

鈥淐ualquier afirmaci贸n en sentido contrario constituye una operaci贸n medi谩tica irresponsable鈥�, se帽alaron. Seg煤n explicaron en la Procuraci贸n, esta maniobra responde a una estrategia de la parte actora 鈥減ara desviar la atenci贸n en el momento adverso que atraviesa en el litigio鈥�, y dijeron que las acciones de Burford, el fondo que financia la demanda, bajaron 29% en este a帽o.

Uno de los puntos m谩s sensibles del expediente es el proceso de discovery ordenado por Preska, que incluye el requerimiento de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado sostienen que esa medida fue apelada por considerarla ileg铆tima e ilegal, tanto a la luz del derecho argentino como del estadounidense. 鈥淟a Argentina act煤a de buena fe鈥�, subrayaron, y detallaron que se vienen realizando entregas parciales y peri贸dicas de la informaci贸n relevada, adem谩s de gestiones para obtener el consentimiento de las personas involucradas.

De acuerdo con la Procuraci贸n, la gran mayor铆a de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el pedido colabor贸 de manera voluntaria, un dato que el Gobierno utiliza para reforzar su argumento de que no existe incumplimiento alguno de las 贸rdenes judiciales. Aun as铆, calificaron a la orden de discovery como 鈥渦n intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios鈥�, en contradicci贸n con principios b谩sicos de derecho internacional p煤blico.

El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que conden贸 al pa铆s a pagar m谩s de US$16.100 millones por la forma en que se llev贸 adelante la expropiaci贸n de YPF en 2012. Esa decisi贸n a煤n no est谩 firme: las partes esperan el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, un fallo que podr铆a dejar sin efecto cualquier intento de ejecuci贸n o reconocimiento de la condena.

En la Procuraci贸n del Tesoro consideran que este punto es clave para entender la etapa actual del juicio. 鈥淣o debe olvidarse que el fondo del caso todav铆a est谩 bajo revisi贸n鈥�, remarcan, y advierten que presentar escenarios de sanciones inminentes o desacato consumado constituye 鈥渦na operaci贸n medi谩tica irresponsable鈥� que no se condice con el estado real del proceso.