El trabajo fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), elaborado por la consultora IATASA y tuvo como contraparte técnica a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). El entusiasmo que despertó la difusión de esas conclusiones, sin embargo, chocó rápido con una aclaración de la propia AIC. El organismo remarcó que el documento es de carácter preliminar y exploratorio, que no constituye un proyecto ejecutivo y que hoy no existe presupuesto, cronograma de ejecución ni definiciones institucionales para avanzar con obras. El corredor apunta, sobre todo, a resolver uno de los mayores dolores de cabeza logísticos del shale: la arena de fractura. 

Según el estudio, la estimulación de cada pozo requiere entre 11.000 y 15.000 toneladas de ese insumo, que en su mayoría proviene de canteras de Entre Ríos y recorre más de 1.200 kilómetros en camión hasta los yacimientos neuquinos. Ese esquema encarece la operación, desgasta la red vial y satura de tránsito pesado las rutas nacionales 22 y 250. De avanzar, el proyecto exigiría una intervención integral sobre dos de los principales cursos de agua de la Patagonia. Entre las obras que menciona el informe figuran el dragado de los tramos menos profundos, la adecuación de curvas y pasos, la construcción de puertos fluviales y estaciones de transferencia de carga, la adaptación de puentes y cruces, y mejoras en la desembocadura del río Negro. 

El esquema contempla un canal de unos 30 metros de ancho, operable durante más del 90% del año, y la circulación de barcazas de hasta 111 metros de eslora. Una de las alternativas analizadas es un nodo de transferencia en Cipolletti con conexión ferroviaria hacia Vaca Muerta. En cuanto a la inversión, trascendió una estimación preliminar cercana a los US$ 580 millones para la infraestructura del corredor, aunque los montos definitivos recién se conocerán en el tercer y último informe del estudio, previsto para los próximos meses. 

La idea tampoco es nueva: la navegabilidad de estos ríos se analiza desde hace más de ocho años. El impulso a la llamada hidrovía patagónica corre en paralelo a otro debate: la propuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de trasladar arena por la hidrovía del Paraná desde el Litoral, en el marco de la reforma de la Ley de Cabotaje, con empresas como PTP Group evaluando concentrar el acopio en el puerto de Ibicuy, en Entre Ríos, para despacharlo por vía marítima a San Antonio Oeste o Bahía Blanca. El paso siguiente será el informe definitivo, con los números de inversión sobre la mesa, y una decisión política e institucional que todavía nadie tomó. En el camino queda pendiente además una discusión que excede la logística: qué impacto ambiental tendría intervenir el Limay y el Negro, dos ríos que estructuran la vida y la producción del norte patagónico.