Los procedimientos realizados por Comercio Interior en Shell y Petrobras por el abastecimiento de gasoil son la punta de un iceberg que pone en jaque la rentabilidad de las empresas.

 La aplicación de la Ley de Lealtad Comercial y la respuesta de las petroleras.

No conforme con desafiar algunas leyes económicas, el Gobierno la emprendió contra las de la física y busca sacar gasoil de las piedras.

Después de una semana en la que un batallón de inspectores de la Secretaría de Comercio se instalaran en Shell y en Petrobrás a recabar datos de costos, mercado y rentabilidad, las petroleras y el resto de la cadena de distribución sostienen un juego de intereses cruzados que coincide en un punto: sin aumento de precios o aporte del Estado no habrá más importación.

 

La actitud oficial marca otro eslabón en una cadena de presiones que muchos sospechan podría expandirse a compañías de otros rubros.

 

En sus incursiones, los inspectores de la Secretaría de Comercio citaban la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, una norma de 1983 que lleva la firma del ex presidente de facto Reinaldo Bignone, y mencionaban específicamente el artículo 14. Que faculta a las autoridades a "examinar libros y documentos, verificar existencias y requerir informaciones" (ver recuadro).

 

Si bien tanto Petrobras como Shell admitieron que los inspectores estuvieron el lunes 18 y el martes 19 recorriendo sus oficinas, en realidad el viernes 22 todavía no terminaban de irse. Estas visitas pesaron más allá de lo que se llevaron en un puñado de cajas. "Son intimidatorios.

 

 Dejan sensación de ultraje, de miedo, de humillación y de paranoia en las petroleras", resume un analista del sector, quien no duda de la intención oficial de expandir el desembarco de los funcionarios a otras empresas. "Los inspectores se llevaron información pública y otra que no lo es.

 

Estudiaron rubros que exceden los temas rentabilidad y costos. Puede que haya sido sorpresivo, pero la verdad es que con este Gobierno los límites están corridos", respondieron masticando bronca en una de las empresas investigadas.

 

Desde la petrolera brasileña, su presidente Alberto Guimaraes, sostuvo: "Petrobras está suministrando normalmente gasoil a su red de estaciones de servicio y mantendrá el precio vigente. La relación con los funcionarios del Gobierno es de plena colaboración", agregó.

 

Sin embargo, no son pocos los que aseguran que la compañía está muy incómoda. "El Gobierno opera mediáticamente para disciplinar voluntades. El problema más crítico es la escasez de gasoil; el precio es secundario. Con (la ministra Felisa) Miceli y con Moreno la compañía quedó en pensar medidas que saldrán en unas semanas.

 

El tema es que ahora apura el campo. Si se decide importar mucho, el Estado tiene que ayudar", resumen en Petrobras.

 

En medio de los allanamientos, Shell presentó Vpower Diesel, un gasoil refinado que cuesta un 10% más que el resto de sus variedades de ese combustible. Si bien trascendió que el lanzamiento habría causado malestar en el Gobierno, Juan José Aranguren, presidente de Shell Argentina, remarcó que "los precios sigue siendo libres y por lo tanto son las empresas las que toman el riesgo comercial".

 

El directivo aseguró que el lanzamiento no agravará el faltante de gasoil, pero que la compañía no está dispuesta ni a importar combustible ni a aumentar los volúmenes de producción interna.

 

Con respecto a los allanamientos, Aranguren dijo que Shell "fue visitada por nueve inspectores que pidieron datos sobre la estructura de la empresa, nómina y perfil de los gerentes, cantidad de personal, participación en otras compañías, volumen de crudo procesado por año, participación de mercado y estructura de almacenaje y distribución".

 

Flancos. El Gobierno jugó fuerte para fijar el marco de discusión, con la convicción de que el mejor lugar para el apriete es el de los grandes distribuidores y con la suerte corrida por los ganaderos como botón de muestra: si no es por las buenas, los precios se ajustan por las malas.

 

Un asesor de diversas empresas sobre problemática energética aseguró a FORTUNA que el desabastecimiento en el interior se expande día a día: "Las presiones cruzadas de las petroleras, los estacioneros, los productores agropecuarios, los transportistas y las industrias hacen que los conflictos de intereses crezcan.

 

Los interlocutores son múltiples y si el Gobierno negocia con uno al minuto le explota al lado otro conflicto. No tuvo cintura para manejar la crisis y ahora tiene que lidiar con demasiados flancos".

 

"La capacidad de producción no da para más. Aumentarla es costoso y requiere de un trabajo de muy largo plazo. Es un dilema estacional, que se agudiza siempre en esta época del año, y que esta vez está peor que nunca por el aumento en el consumo de la maquinaria rural y de las industrias", insistió.

 

Fabián Falco, vocero de Repsol YPF, destacó la decisión de la compañía de realizar el "máximo esfuerzo para atender el crecimiento de la demanda del gasoil como consecuencia de la reactivación económica".

 

Pero no alcanza. Un alto dirigente empresario del sector de las estaciones de servicio aseguró a FORTUNA que el 70% de los centros de expendio del país, alrededor de 3.000, sufre desabastecimiento temporario o permanente. "Todas las petroleras aplican cupos: la estación que vende más de ese tope es castigada económicamente con precios más altos", se quejó.

 

"Hasta que no se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y las petroleras que sea real y no sólo para la foto, esta puja no tiene solución. Reclamamos a la Secretaría de Energía que haya un pequeño toque al precio para subvencionar lo que se importa, o que el Gobierno meta mano en el bolsillo y se decida a dar un subsidio", piden los estacioneros.

 

Rentabilidad. El corazón del negocio de las compañías petroleras tiene que ver con la importación de crudo y la exportación de nafta, en un mercado interno donde el gasoil cuesta la mitad que en el exterior. Cuando los dueños de estaciones de servicio plantean ante la Secretaría de Energía que no tiene gasoil para vender, la respuesta que reciben es que se cumple el convenio que establece que las petroleras pueden exportar combustible por un volumen igual al que importan.

 

"Hay desabastecimiento, y va a seguir. Aunque ingresaron unos barcos que serán para las distribuidoras, las estaciones Sol (de ANCAP) y las de Repsol, según informó la propia Repsol. Esso, por el momento, es la única que no tiene problemas", aseguró Rosario Sica, presidenta de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina.

 

La dirigente explicó que durante la Convertibilidad, las petroleras "siempre importaron en épocas de alto consumo, pero hacerlo ahora es costoso aunque el Gobierno no cobre impuestos. Importan, pero no lo suficiente. Además, les ponen cupo a las estaciones de servicio y el excedente lo venden como materia libre a mayores precios (entre $ 2 y $ 2,1), en general al campo, las usinas y la industria", afirmó.

 

En la Federación aseguraron que para verificar cómo manejan el tema del gasoil, el procedimiento en Shell y Petrobras es sólo el comienzo. "Quizás sigan con el resto", estimó Sica.

 

Otros actores de este escenario, los trabajadores de las estaciones de servicio, marcharán el miércoles al Congreso y preparan un paro total para el próximo 13 de octubre, víspera de fin de semana largo. "Si para los primeros días del mes próximo no hay una solución, nosotros también vamos a plantear un reclamo similar".

 

"El presidente Néstor Kirchner ejerce una política de presión y de cansancio hacia las empresas. Pero se contradice: busca inversores en el exterior y al mismo tiempo mantiene los precios congelados y hace que cuanto más importen las compañías, más pierdan.

 

¿Qué gerente local va a elevar a su casa matriz un proyecto de importación de gasoil a pérdida?", se preguntó un ingeniero con amplia experiencia como consultor energético para diversas compañías.

 

El experto sostuvo que el problema es de reconversión de las destilerías (procesan más nafta que gasoil) pero por sobre todo de "sinceramiento de precios: los valores están congelados desde enero de 2002. El Gobierno no quiere pagar el costo político de aumentarlos.

 

Hace lo mismo que con la crisis eléctrica: elige tener un conflicto con un puñado de empresas grandes y no con los usuarios domiciliarios porque –concluyó– hace rato que está contando votos". 

 

 Sebastián Catalano y Cristina Mahne