Mientras el Gobierno trata de evitar sus manifestaciones, los hechos muestran que el problema energético está lejos de ser un simple fantasma.   

    Hay o no hay crisis energética? No

faltan indicios de escasez y cuellos de botella; de hecho se viven el país experiencias de racionamiento. Hay quejas que atraviesan el país en varios ejes: desde el campo por la falta de gas oil, la pelea con Chile por el aumento del gas, pasando por la implementación de mayores precios del gas oil en la frontera y el armado del plan Energía Plus para que las empresas se hagan responsables de los aumentos de demanda energética.

 

A este complejo panorama, por calificarlo de un modo leve, se suma ahora una campaña de las distribuidoras de electricidad –por pedido del Gobierno– para fomentar el uso racional de esa fuente de energía de cara al aumento del consumo que inexorable, promete el verano. Hasta el mismo Julio de Vido, quien niega rotundamente que existan problemas, ha pedido públicamente un uso racional de la energía. Es por lo menos contradictorio.

 

El nuevo contrapunto con Shell –en realidad, el segundo en un lapso de semanas– es también parte de esta historia. El Gobierno y la empresa anglo-holandesa mantienen una tensa relación desde las épocas del boicot que encabezó Néstor Kirchner: Shell decidió formular un nuevo gas oil más caro para recuperar rentabilidad y sortear las distorsiones del mercado interno, y el Gobierno buscó la manera de impedirlo. La historia tiene final abierto, pero es de esperar que Kirchner demore de manera interminable la autorización del nuevo combustible.

 

 

"¿Hay algún problema que no se pueda solucionar con plata?", dispara un conocido economista con cierta cuota de cinismo. Es que con plata todo se arregla, o casi todo. O por lo menos se esconde por un tiempo el problema debajo de la alfombra. La situación fiscal es holgada y el Gobierno usa recursos públicos para paliar la crisis: desde importar combustible a subsidiar el gas oil a colectivos; la premisa es que la situación no afecte al consumidor –que no debe percibir que hay una crisis– y recién después a las empresas. El orden de prioridades está claro.

 

Con dinero se compra el gas oil que falta, lo que represente un doble desafío: fiscal y externo. Comprar gas oil en el exterior al precio internacional (el triple que el local) implica un gasto en recursos públicos y una pérdida en divisas por las mayores importaciones (o menor superávit comercial). Las magnitudes, por si hiciese falta aclararlo, no son pequeñas.

 

Un funcionario de una petrolera, desde un obvio anonimato, aporta esta cuenta: "hoy el país está en 13 millones de metros cúbicos de gas oil, con una demanda que crece casi como el PBI, al 7 – 8 %. Ya tenemos un faltante de 1 millón de m3, y si proyectamos esto a dos o tres años significa mucho dinero. Cada m3 está en u$s 600, así que estamos hablando de más de u$s 2.000 millones para cubrir el faltante".

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Además del impacto en divisas hay que sumarle el costo del subsidio, que es de unos $ 2.000 millones. No son cifras menores. Si una empresa debe vender más gas oil y no lo tiene lo debe importar, lo que según cálculos empresarios origina una pérdida de u$s 0,20 por litro. Por esta razón hay empresas, como la líder Repsol-YPF, que no están a gusto ganando market share. El negocio es, ante este panorama, vender menos en el mercado interno.

 

Con el gas oil suceden cosas particulares. El combustible que se les vende a los colectiveros tiene un fuerte subsidio que termina pagando la industria petrolera. Hasta ahora se cobraban la diferencia contra las retenciones, pero ¿de dónde las cobran si éstas bajan?... y así ese subsidio termina siendo una transferencia de recursos: desde el sector hacia las empresas de colectivos, y de allí hacia el usuario. El precio del boleto se mantiene como en 2002, pero la industria se resiente. Se dan, incluso, episodios risueños pero preocupantes.

 

En una empresa del sector comentan que en las zonas de frontera hay personas que cargan el tanque con gas oil a precio para argentinos (el auto debe tener chapa nacional) y luego pasan la frontera y descargan el gas oil "en el exterior", que en realidad es el pueblo de enfrente, haciendo una diferencia de unos $ 40 por tanque.

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Por su parte, el sistema eléctrico, según datos del sector energético, ha llegado a picos de 18.000 megawats, cuando la capacidad o stock es de 20.000, lo que sugiere –a primera vista– que la oferta alcanza para la demanda. Pero, si por ejemplo en Navidad y Año Nuevo hiciera mucho calor y la gente prendiera los aires acondicionados comprados durante los últimos 2 o 3 años, todos a la vez, podría haber problemas. Y, de ocurrir algún episodio de corte de energía, el Gobierno le pasaría la factura a las empresas. "Si hubiera una situación complicada, no me caben dudas de que el Gobierno llamaría a dos o tres empresas y les ordenaría parar la producción industrial dos días para solucionar la escasez y que el problema no llegue a los hogares", especula un funcionario del sector.

 

La estrategia K es clara, pero nadie sabe con precisión cuál es el costo fiscal de este tipo de soluciones o paliativos. Un estudio realizado por técnicos del macrismo estimó en $ 10.000 millones el costo de la crisis energética desde 2002, y sólo para este año calcula un impacto de $ 4.356 millones. Contabiliza, entre estos costos, al uso de combustibles alternativos –gasoil, fuel-oil– para la generación eléctrica, a la pérdida de ingresos tributarios por la caída de las exportaciones de petróleo, el aumento de las importaciones de gas desde Bolivia y a caída de las exportaciones del mismo fluido.

Una mirada atenta al Presupuesto permite registrar las formas imaginativas que ha encontrado el Gobierno para enfrentar los desafíos energéticos.

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 En este sentido, la situación fiscal general no resulta tan aliviada como parece, si tenemos en cuenta que el Gobierno está incluyendo "debajo de la línea" una serie de erogaciones destinadas a aumentar la oferta energética. El superávit financiero se destina, en parte, a amortizar deuda y, en una pequeña porción, más de $ 1.300 millones al fondo anticíclico; pero una porción no menor (más de $ 1.300 millones, se destinan a Yacyretá, al Fondo Eléctrico y a Nucleoeléctrica Argentina SA. Estas inversiones deberían aparecer "arriba de la línea", pero ubicadas de este modo no dañan al ahorro financiero.

 

El Gobierno se maneja, así, en la cornisa. Tapando baches, tratando de a poco de aumentar la oferta energética, pero gambeteando todo lo posible el impacto social. A pesar de todo, no parece factible un escenario de colapso, aunque sí uno de riesgo gradual y creciente.

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Está claro que el Gobierno va a seguir por este camino, porque es reacio a corregir los precios internos. Pero si la oposición pensara que este tema terminará dando vuelta abruptamente el humor social y el panorama político, quizás se equivoque. Más allá de los interrogantes que auguran, no parecen problemas graves para el corto plazo o inmanejables desde el punto de vista fiscal. A futuro, 2008 o 2009 serán otra historia.

Diego Valenzuela