Los cambios en los planos de los límites de parques naturales, en función del interés de quienes tienen dinero e influencia para poder desarrollar explotaciones del suelo o el subsuelo, no sólo ocurren en Euskal Herria.

 

Las actuales operaciones de Repsol-YPF, Encana (Canadá) y Petrobrás (Brasil) en la Reserva de la Biosfera Yasuní, conformada por el Parque Nacional del Yasuní y el territorio huaorani, se amparan también en el cambio «legal» que el Gobierno ecuatoriano acometió en los límites de la Reserva, en 1990. Aquel mismo año, legalizó el territorio del pueblo huaorani, a condición de que no dificultaran la explotación petrolera.

 

El emporio petrolero de la Amazonía ecuatoriana quedó, de esta forma, fuera de los límites de protección, pero este entorno, en su conjunto, concentra gran biodiversidad y es territorio indígena, lo que debiera conferirle un estatus especial, así como garantías internacionales en materia ambiental y de derechos humanos y culturales. Asimismo, la Constitución de Ecuador reconoce los derechos ambientales colectivos y sostiene que garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indios.

 

El primer pozo de petróleo se abrió en Ecuador en 1967 y, a partir de los 70, el petróleo se convirtió en el principal producto para la exportación. En los 80 se registraron fugas e incidentes, el más grave, asociado al terremoto de 1987 que destruyó cuarenta kilómetros de oleoducto y causó graves daños al medio ambiente y la economía.

 

Tras la crisis financiera de 1999, el Estado ecuatoriano acometió una política tendente a duplicar la producción petrolera y a cancelar con esos ingresos según señaló­ su deuda externa. Ya entonces, Repsol se había convertido en la operadora del bloque 16, adjudicado inicialmente a la empresa Conoco. A la salida de Conoco del Ecuador, en 1991, la empresa Maxus pasó a ser operador y socio mayoritario de este bloque. Maxus fue adquirida por YPF a mediados de los 90 y, posteriormente, Repsol adquirió YPF.

 

 

«Por desgracia», tal y como valora Elizabeth Bravo, de Oilwatch, en la revista ‘‘Ecologista’’, en el subsuelo de la Amazonía ecuatoriana y, más concretamente, en el Parque Natural Yasuní, «hay petróleo» y esto no se puede separar del hecho de que «la industria petrolera considera que la explotación en las zonas tropicales es más barata». Estas zonas, que conservan la mayor biodiversidad, conforman el nuevo campo de expansión de la industria.

 

Bravo destaca la deforestación como «el impacto directo» más evidente del proceso de extracción de crudo. Para la prospección sísmica se abren trochas o líneas sísmicas en la selva. Cada línea sísmica mide un kilómetro de largo y entre tres y diez metros de ancho. En el bloque 16 se abrieron 2.634 trochas.

 

En el mismo campo que explota Repsol, por cada barril de crudo extraído salen cinco barriles de agua de formación, mezcla de sedimentos y agua, con alto índice de salinidad, que se vierte al medio. Junto a ello, los tóxicos producidos durante la perforación o el mantenimiento, se almacenan en piscinas que rebosan en época de lluvia. Por cada pozo en servicio se construye una o dos piscinas.

 

A todo ello hay que añadir los derrames y fugas de crudo, junto a la lluvia ácida asociada a los «mecheros», la forma en que se quema el gas asociado a la extracción. Lo cierto es que, en un entorno en el que las poblaciones humanas toman el agua de los ríos, recogen agua de lluvia o construyen sus propios pozos, la situación se hizo insostenible hace mucho tiempo.

 

No se pueden obviar los impactos socio-culturales de la actividad petrolera. De hecho, hay algunas naciones y grupos indios sin contactar aún. Los huaorani son aproximadamente 1.300 individuos y su primer contacto con occidentales se produjo en la década de los 50, y Texaco fue la primera multinacional del petróleo que explotó su territorio en la década de los 60. Las petroleras operan en este entorno tras los «acuerdos» con los indios obtenidos, ya entonces, por petroleras y representantes del Gobierno de EEUU, que supusieron que las comunidades autóctonas se hicieran totalmente dependientes de las corporaciones.

 

Según el informe Yana Curi, de Medicus Mundi Gipuzkoa, «las mujeres que viven en la proximidad de los pozos y estaciones de petróleo en la Amazonía ecuatoriana presentaron una mayor frecuencia de síntomas relacionados con la exposición al petróleo y un riesgo mayor de abortos que las mujeres que viven lejos de estos pozos y estaciones. En una comunidad rodeada de pozos y estaciones, el riesgo de padecer y morir por cáncer fue también mayor que el que cabría esperar sin contaminación».

 

 

A modo de conclusión, el informe médico establece que «estos elevados riesgos para la salud en las comunidades cercanas a pozos y estaciones de petróleo parecen estar causados por los contaminantes del petróleo».

 

En 1993, un grupo de indígenas y colonos de la Amazonia ecuatoriana denunció a Texaco por haber contaminado su agua, matado sus fuentes de alimento y causado enfermedades.

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El catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Martínez Alier, sostiene en ‘‘El ecologismo de los pobres’’ que «nadie puede negar que Texaco, por medio de su subsidiaria en Ecuador, entre comienzos de los 70 y finales de los 80 contaminó el agua y la tierra. Podría argumentarse de forma verosímil que su sucesor, Petroecuador, heredó las mismas prácticas».

 

Tras describir la situación creada en el área, con viscosos estanques de agua extraída con el petróleo, carreteras que destruyen la forma de vida indígena, el obsoleto oleoducto transandino hasta Puerto Esmeraldas y seres humanos que «se convierten en bioindicadores del daño ambiental», Martínez Alier plantea que la pregunta de si Texaco usó diferentes estándares en Estados Unidos y en Ecuador «no resulta relevante porque Estados Unidos no tiene una Amazonía y los estándares debían haber sido más estrictos en Ecuador».

 

El caso sufrió el conflicto de la competencia judicial y, en octubre de 1999, hubo rumores de que sería resuelto extrajudicialmente, «en base a un pago de 400 millones de dólares ­la demanda inicial fue de 1.500 millones de dólares­ aunque, finalmente, fue devuelto a Ecuador en 2002, aunque si no se juzgara allí, volvería entonces a Nueva York», relata el catedrático.

 

Recientemente, miembros de Ekologistak Martxan han participado en un encuentro con las comunidades, que ha incluido una manifestación en Coca y la puesta en común de experiencias y opiniones de militantes ecologistas y de los derechos humanos provenientes de todo el mundo. .

 

Los ecologistas vascos han tenido, además, la oportunidad de recorrer zonas afectadas por la actividad petrolera, en el denominado Toxi Tour. No duda Xabier Abian en calificar de «Estado dentro de otro Estado» la realidad actual en el bloque 16, tras las intervenciones de las corporaciones que han operado en el mismo. «Los militares están a las órdenes de los responsables de Repsol y las causas que se siguen contra los indígenas y miembros de las comunidades las resuelven cortes militares», denuncian.

 

El religioso Miguel Angel Orellana reflexiona en su libro ‘‘El exterminio de los pueblos ocultos’’ acerca de este mismo asunto. «Da la impresión de que el Estado ecuatoriano, todavía incapaz de someter una región inhóspita, tras haberla encomendado a militares y misioneros durante dos siglos, la entrega ahora en manos de los petroleros (no olvidemos que los militares tienen entre sus encomiendas primordiales la salvaguarda de las instalaciones petroleras). Estos serían, merced a su excepcional potencia económica y técnica, los encargados de meter en cintura definitivamente esa región botada, una zona todavía no del todo asimilada».

 

Coincidiendo en el tiempo con la presencia de ecologistas y solidarios provenientes de otras partes del mundo, las comunidades que conforman la parroquia García Moreno recibieron una propuesta de compensación de la multinacional francesa Perenco que opera desde hace 10 años en el denominado bloque 7, cifrada en 45.000 dólares, un montante «insignificante» para las comunidades, ya que el impacto causado en el entorno es mucho mayor, toda vez que Perenco obtiene más de 6 millones de dólares anuales de ingresos por su explotación en el denominado campo Lobo.

 

 

El día 18 de octubre las comunidades afectadas iniciaron una medida de hecho, cerrando la vía de acceso. Tras varios días de resistencia, el día 29 de octubre los miembros de las comunidades fueron reprimidos «de manera brutal» por parte de policías y militares; bombas lacrimógenas, balas de goma y disparos de fusil sirvieron para dispersar a los manifestantes. El gobernador, Fausto Ureña, argumentó que los campesinos manifestantes estaban armados con dinamita y escopetas.

 

Pero la situación que padece la Amazonía ecuatoriana y sus habitantes no tiene sólo que ver con las políticas serviles con los intereses petroleros por parte de la Administración, sino que también el denominado Plan Colombia está afectando negativamente a quienes sobreviven en las provincias ecuatorianas que limitan con Colombia.

 

Precisamente en las regiones de Orellana y Sucumbíos, donde se desarrolla la actividad petrolera, «se puede evidenciar un grave incremento del nivel de violencia y afecciones a la seguridad alimentaria», sostiene el informe de abril de 2006 elaborado por el Comité Interinstitucional Contra las Fumigaciones.

 

Orellana está en el Noreste de la región amazónica, con 86.933 habitantes y 21.691 kilómetros cuadrados. En Orellana vive la nación huaorani. Limita al Norte con la provincia de Sucumbíos, con 129.125 habitantes y 17.947 kilómetros cuadrados. En esta provincia coexisten naciones indígenas; los cofán, sionas y secoyas. Sucumbíos limita al Norte con Colombia. Precisamente en esta región los principales productos agrícolas «han sido afectados por las fumigaciones y los químicos, que han deteriorado el suelo y las semillas», denuncia el informe.

 

En los años siguientes a 2000, cuando entró en vigor el Plan Colombia, junto a las afecciones por las fumigaciones realizadas con el pretexto de los campos de hoja de cocaína, «comenzaron a conocer la luz pública denuncias de asesinatos», se explica en el citado documento.

 

Se cifra en alrededor de 700 las muertes violentas y amenazas, que responderían, según el comité qué alude, a su vez, a testimonios de testigos, información de la Policía Judicial e informaciones periodísticas­ a un despliegue hacia el Ecuador de grupos armados, sicariato, narcotráfico y tráfico de «gasolina blanca», en el que pudieran estar implicados policías y personal de Petroecuador».

 

Este informe indica, además, que los estados de emergencia ­se prolongan durante meses­ contienen la facultad de las cortes militares de juzgar civiles y esta disposición es utilizada para reprimir las movilizaciones sociales, mediante la instauración de juicios en contra de civiles. Los autores asocian esta realidad también a los impactos del Plan Colombia. -