En la playa de la Isla Sajalín, uno de los terrenos más ásperos y remotos del planeta, Exxon Mobil Corp. consiguió una gran victoria técnica el mes pasado al terminar de excavar un agujero de 11,3 metros de largo, el más grande entre un pozo submarino y la torre petrolera en tierra. Construido en tiempo récord, el pozo marcó una gran victoria en la campaña de Exxon para exprimir uno de los tesoros petroleros más jugosos que aún quedan en el mundo.
Sin embargo, las dificultades tecnológicas de la odisea multimillonaria de Exxon en Rusia palidecen al lado de sus desafíos políticos. La mayor petrolera que cotiza en bolsa ha chocado una y otra vez con las autoridades rusas acerca de los detalles del proyecto, detalles que, a los ojos de Exxon, son cruciales para maximizar la rentabilidad de la iniciativa.
El enfrentamiento se reduce a una diferencia básica de estrategia entre la petrolera y el gobierno. Para Exxon, prima el dinero. Para Rusia, lo más importante es una compleja combinación de política y ganancias.
Los inconvenientes de Exxon para mantener sus famosamente altos estándares de eficiencia en un país ineficiente ilustran el cambio de poder que está teniendo lugar en la industria energética.
La mayor parte de los depósitos de combustible fósil ya están siendo explotados y las petroleras han acudido a países con una mayor inestabilidad política, donde quedan los pozos más atractivos. En un principio estos gobiernos, desde Rusia y Sudamérica a África Occidental no interfirieron mucho con las compañías que contrataron para desarrollar sus hidrocarburos. Ahora, envalentonados por el alza en la demanda de energía, estos gobiernos han empezado a mandar en la relación con las petroleras.
Angola, Argelia y Libia han aumentado recientemente la porción que reciben de la torta al elevar los impuestos sobre las petroleras extranjeras o exigir una mayor participación. En Venezuela, Hugo Chávez ha demandando que las compañías occidentales le otorguen al gobierno una participación de 60% en sus proyectos de crudo pesado. La semana pasada, en respuesta a la orden de Chávez, las petroleras, incluyendo a Exxon, transfirió sus operaciones de crudo pesado a la compañía estatal. Algunos ejecutivos de petroleras occidentales han dicho que si Venezuela no les ofrece una compensación aceptable por el traspaso, dejarán el país.
Rusia no ha ido tan lejos. Y Exxon quiere asegurarse de que no lo haga.
La petrolera intenta mantener un perfil bajo y enfocarse en los detalles operativos que aún puede controlar. Exxon apuesta a que si logra producir el petróleo de Sajalín a tiempo y sin salirse del presupuesto, no sufrirá la intervención estatal en la que se vio envuelto otro gigante, Shell PLC.
El proyecto ruso, conocido como Sajalín -1, es el décimo más grande en el portafolio de Exxon, por el valor del petróleo y gas que contiene, según Deutsche Bank. Hasta el momento, Exxon ha invertido más de una década y unos US$2.000 millones en el proyecto. "Espero que el gobierno ruso… diga \'Sí, estos hombres cumplieron su palabra\'", dice Rex Tillerson, presidente ejecutivo de Exxon. Así, otros gobiernos que estén buscando contratar a una petrolera, "con suerte nos tomarán en cuenta".
Exxon seguramente obtendrá más ganancias en Sajalín de las que previó al principio, cuando los precios del crudo eran más bajos. Pero el mayor intervencionismo del gobierno significa que Exxon tal vez no coseche todo el beneficio del alza en el precio de la energía. El petróleo se cotizaba a unos US$25 por galón en 2000, el viernes su precio bordeaba los US$62.
Por el momento, las autoridades rusas no muestran todas sus cartas. "Exxon ha tenido problemas que deben resolverse pronto", dice el ministro de Energía Viktor Khristenko en una entrevista, refiriéndose a la disputa sobre dónde vender el gas del proyecto. Aunque a Exxon hasta ahora le ha ido mejor que a Shell en Rusia, Khristenko asegura que no hay garantías de que siga siendo así. Cuando Exxon adquirió el proyecto de Sajalín, insistió al igual que otros gigantes extranjeros, en contratos especiales conocidos como "acuerdos de producción compartida".
Tales pactos, comunes en muchos países en desarrollo, liberan a las petroleras extranjeras de los impuestos locales. A cambio, les piden que, después de vender suficiente crudo para recuperar su inversión, compartan el resto del petróleo del proyecto con el gobierno. Desesperada por conseguir inversión en un entorno marcado por precios bajos del petróleo, Rusia estuvo de acuerdo.
Sin embargo, en años recientes el presidente Vladimir Putin ha aumentado su control sobre grandes sectores de la economía rusa, en especial el energético, la fuente individual de mayores ingresos del país.
De todos modos, hasta 2003 Exxon consideraba a Rusia como el país rico en petróleo más receptivo a la inversión extranjera. Exxon lanzó una oferta multimillonaria para adquirir una participación importante en OAO Yukos, entonces la mayor petrolera de Rusia.
Pero el acuerdo se desplomó después de que el Kremlin encarcelara al presidente ejecutivo de Yukos en un caso percibido ampliamente como político.
Desde entonces, la mayor parte de los activos de Yukos han pasado a las manos de empresas estatales. Mientras, con el auge en los precios del crudo y gas, las autoridades de Rusia empezaron a criticar públicamente los acuerdos de producción compartida, a los que calificaron como demasiado generosos para las grandes petroleras.
En los últimos meses, Exxon y Rusia han discrepado sobre quién decidirá qué hacer con el enorme potencial de producción de gas natural del proyecto. Exxon asegura que el contrato le da el derecho de elegir la forma más lucrativa de vender el gas y ha firmado un contrato preliminar para enviar gas a China. Para esto necesitará construir un gasoducto. Pero Rusia le ha otorgado a Gazprom el monopolio para exportar gas. Aunque la decisión exceptúa a Sajalín, el gobierno insiste que Exxon no puede construir el gasoducto hacia China.
Por Gregory L. White y Jeffrey Ball
2100 lecturas |
Ver más notas de la sección Noticias Destacadas