Texaco dominó las operaciones petroleras en el Ecuador en los años de 1972 a 1990. Durante este período la compañía tenía la libertad para abrir caminos, invadir territorios indígenas, construir carreteras e infraestructuras y botar sus desechos en áreas ecológicamente frágiles.

Durante el período de explotación de esta transnacional se han vertido 18.000 millones de galones de desechos tóxicos en los ríos, esteros y pantanos, quemaron 235.000 millones de pies cúbicos de gas, dejaron más de 600 piscinas de desechos tóxicos, dando como resultado la contaminación del aire, del suelo y del agua, que ha repercutido directamente en la vida de la población de Orellana y Sucumbíos; esto se revela en la salud de los pobladores y en los índices altos de cáncer y leucemia de niños, aumento de la mortalidad infantil, abortos espontáneos en comparación con habitantes de otras zonas del Ecuador.

Otro caso es el de la desnutrición debido a la contaminación y destrucción de recursos de la zona, además se evidencia muerte de ganado y animales domésticos, pérdidas de cultivos por derrames, agua envenenada, pérdida de los peces en los ríos. Esta es la gran herencia que Texaco nos dejó. Todas estas operaciones se daban en un aérea que era el lugar de 6 nacionalidades indígenas.

A lo largo de las 4 últimas décadas, las consecuencias de la operación de Texaco en el Ecuador han sido consideradas por la corporación como un simple problema de imagen, en lugar de una crisis humanitaria que requiere una solución real y efectiva. La presencia de Texaco indujo a procesos de colonización, lo que aumentó la deforestación e intervención sobre la zona.

Durante el período que la Texaco tuvo la concesión, las regulaciones de Estados Unidos y los estándares industriales demostraron una clara e inequívoca convicción de que las operaciones de esta empresa son dañinas para el medio ambiente. Las operaciones de Texaco en el país estuvieron notoriamente por debajo de los estándares apropiados, y el uso de piscinas sin recubrimiento, mecheros horizontales, y la descarga directa de agua de producción, hubieran sido ilegales bajo las leyes generales de los principales estados productores de petróleo.

Por lo tanto, basado en el conocimiento que tenía la Texaco sobre las leyes de los Estados Unidos y en cabal cumplimiento de estas normas durante sus operaciones en este país, se puede concluir que esta empresa conscientemente usó bajos niveles de tecnología, poniendo en peligro el medio ambiente y la salud humana en el Ecuador.


Si la Texaco hubiera implementado en Ecuador las prácticas que siguió en campos petroleros de su país, la compañía pudo haber evitado en gran parte, o completamente, el daño a los seres humanos y al medio ambiente que es la base del juicio actual.





Los pueblos indígenas no solo sufrieron la destrucción ambiental desatada por Texaco, también alegan el haber sufrido directamente maltratos por parte de empleados de la transnacional, todo esto de acuerdo con un testimonio recogido por los deman-dantes en el caso Aguinda: los empleados de la Texaco abusaron de los individuos indígenas, y sometieron a las mujeres a acosos sexuales.

Entre las historias que ahora trágicamente forman parte de la tradición oral de los pueblos indígenas de la región está la de la niña que aceptó la oferta de una “emocionante vuelta” en un helicóptero de Texaco, solo para ser llevada a un sitio alejado y luego ser violada por un grupo de trabajadores petroleros. Las mujeres indígenas fueron forzadas a prostituirse para poder alimentar a sus hijos, y los hombres indígenas obligados a entrar al servicio de las compañías petroleras, aceptando los trabajos más riesgosos por las pagas más bajas.

La convención para la prevención y castigo de crímenes de genocidio declara que un acto de genocidio en contra de cualquier persona es el “infligir en las condiciones de vida de un grupo calculando para desatar su destrucción como un todo o en parte”. Esta sumisión analiza las acciones de la corporación Texaco (ahora corporación Chevron) con respecto a los pueblos indígenas que vivían en su área de concesión en el Ecuador de 1964 a 1990.

Este análisis concluye que la avasalladora e innecesaria contaminación ambiental, combinada con el abuso personal e intimidación inflingida por los empleados de Texaco, es evidencia circunstancial persuasiva de un intento de eliminar estas comunidades indígenas en una violación criminal de la convención. Aunque Ecuador ha sido signatario de la Convención desde 1949, y que bajo la Constitución ecuatoriana los crímenes de genocidio nunca prescriben, el caso de Aguinda versus Chevron Texaco es un juicio civil y por lo tanto puede no ser el foro más óptimo para acusar formalmente a Chevron de genocidio.

Sin embargo, es crítico entender el alcance de las coincidencias entre los actos de Chevron y el crimen de genocidio para entender verdaderamente la naturaleza de la violación que los demandantes indígenas han sufrido y que es la base de sus reclamos. Si unimos los puntos dibujados por Texaco en el Ecuador, nos encontramos con una imagen clara: un fraude científico cuidadosamente coreografiado, caracterizado por mentiras diseñadas para engañar a los tribunales, accionistas y a los mercados financieros. El propósito de este plan es evitar el costo de una limpieza real, y no importa si los vulnerables habitantes de la selva -entre ellos miles de niños- mueren o sufren gravemente como resultado.

El Ecuador ha demandado a la Texaco ante la Corte Federal de los Estados Unidos por una supuesta remediación que resultó ser un fraude. Adicionalmente, la United Status Securities and Exchange Comission, agencia federal encargada de controlar ciertos aspectos de las corporaciones, lleva a cabo una investigación alrededor de Texaco, ocultando ésta su responsabilidad en la Amazonia ecuatoriana a sus   accionistas. Paralelamente, los administradores de Texaco en el Ecuador están siendo sujetos de una investigación  penal por haber ocultado los resultados reales de una  supuesta remediación ambiental. Frente a todo lo anterior, la junta de directores de la corporación parece no darse por enterada del asunto.

Por Juan Pablo Sansur

Fuente: La Gaceta

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