La enorme magnitud de las inversiones realizadas han permitido confirmar que se trata de un recurso de clase mundial con el potencial de llevar a la Argentina de un paradigma de escasez a otro de abundancia de energía. 

Además, es una de las llaves para descomprimir la difícil coyuntura mediante el aporte de dólares frescos para nuevas inversiones, más divisas de exportaciones o sustitución de importaciones y mayores recursos para el Tesoro Nacional mediante el incremento de la recaudación y la reducción de subsidios a las importaciones de energía cara. Vale preguntarse qué margen de maniobra hubiera tenido la Argentina si no se hubiera puesto en valor al recurso. Un país cuya matriz energética depende 56% de gas y 31% de petróleo debería estar destinando más de u$s 24.000 M a estas importaciones, una cifra completamente desestabilizadora. 

De hecho, y aún con este nivel de desarrollo de Vaca Muerta, en junio pasado se perdieron más de u$s 2.000 millones de importaciones de energía. En julio el rojo sería aún mayor. Lógicamente detrás de los grandes números macro hay un complejo entramado de empresas, gobiernos y familias argentinas que se desarrollan de la mano del recurso. 

Vaca Muera presenta una de las pocas experiencias argentinas en las que la gran mayoría de la dirigencia política ha logrado cierto grado de consenso en la necesidad de acelerar su desarrollo. Desde estatización del 51% de las acciones de YPF, por parte del gobierno de Cristina Kirchner en 2012 hasta el gobierno actual, pasando incluso, por el de Mauricio Macri, todos han tratado de aportar su impronta para potenciar el recurso que por aquel entonces era una promesa y hoy es una realidad. Miguel Galuccio, al mando de la YPF estatal, buscó garantizar el desembarco de grandes inversiones para poner en marcha una industria de escala en un recurso con alto potencial. 

En un marco donde además, como ahora, la Argentina estaba marginada de los mercados de crédito internacional . Para ello fue necesario formar un marco legal y regulatorio -inexistente en ese momento- que permitiera generar las condiciones para que jugadores de peso internacional trajeran el capital y así acelerar el desarrollo de la formación.

Con el apoyo de Jorge Sapag, gobernador de Neuquén en ese momento, se impulsó primero el decreto 929/13 y, posteriormente, la ley 27.007 que incentivaba el desarrollo de los no convencionales y daba previsibilidad a las compañías que querían apostar por el shale argentino.